La carta de dos cuartillas y enviada por Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, al Congreso para notificar el inicio de la negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) contiene gran parte de los nuevos capítulos negociados en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés).
El documento dice que el TLCAN necesita ser mejorado en las áreas de derechos de propiedad intelectual, comercio digital, empresas estatales, procedimientos aduaneros, seguridad alimentaria, medidas sanitarias y fitosanitarias, derechos de los trabajadores, pequeñas y medianas empresas y protección del medio ambiente.
En la misiva se menciona, asimismo, que el gobierno del presidente Donald Trump busca establecer mecanismos para una “implementación efectiva” de los compromisos hechos por México y Canadá y que la aplicación de las normas comerciales “debería mejorarse en el contexto del TLCAN”.
Los legisladores demócratas del Congreso cuestionaron la notificación al Congreso, aduciendo que las intenciones de renegociación del TLCAN plasmadas en la misma son vagas y lejanas con respecto a los compromisos de campaña de Trump, quien prometió reestructurar el acuerdo para favorecer a los trabajadores estadounidenses.
Firmado el 4 de febrero de 2016, el TPP estaba integrado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Pero Trump anunció la salida de su país de este bloque el pasado 23 de enero.
El TPP preveía mayor profundidad en las disciplinas comerciales tradicionalmente incluidas en este tipo de instrumentos, como acceso a mercado de bienes y servicios, inversión, propiedad intelectual, obstáculos técnicos al comercio, reglas de origen, compras de gobierno, comercio transfronterizo de servicios, solución de controversias, entre otros.
Además, contenía disposiciones de nueva generación, en temas tales como: empresas del Estado, ambiental, laboral, comercio electrónico, anticorrupción, Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), competitividad, coherencia regulatoria, y desarrollo, que no habían sido consideradas en acuerdos anteriores.