El gobierno mexicano ha implementado tres acciones destacadas de promoción de inversión en México en los últimos dos años.

El 26 de julio de 2023, México lanzó la Ventanilla Única para Inversionistas, una herramienta diseñada como un único punto de contacto para ofrecer asesoría y seguridad legal en los procesos de inversión, además de minimizar la posibilidad de corrupción.

Ese mismo día, México también creó el Registro Único de Proyectos de Inversión, un registro público electrónico sin costo que busca facilitar la gestión de inversiones de al menos 100 millones de dólares en el país.

Estas son las llegas de Inversión Extranjera Directa (IED) a México:

• 2020: 28,200 millones de dólares.
• 2021: 33,470 millones de dólares.
• 2022: 36,320 millones de dólares.
• 2023: 36,060 millones de dólares.

Promoción de inversión en México

Como tercera acción, en septiembre de 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la oficina mexicana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentaron un nuevo mecanismo.

Este mecanismo se llama Facilitación para la Inversión y Promoción en el Exterior. Su objetivo es fortalecer iniciativas del sector privado y de gobiernos locales.

Además, busca ayudar a promocionarse en el extranjero y atraer inversión extranjera. 

También apoya a las empresas internacionales en la ejecución de sus proyectos de inversión en México.

Regulaciones

La Ley de Inversión Extranjera en México crea un marco legal para fomentar la inversión extranjera. Al mismo tiempo, impone algunas restricciones limitadas.

Por ejemplo, permite que los inversionistas extranjeros tengan 100% del capital de una empresa mexicana si se cumplen ciertas condiciones.

Además, la ley especifica qué actividades económicas están reservadas solo para el gobierno o para inversionistas mexicanos. 

También establece límites para la inversión extranjera en ciertas áreas, donde no puede superar 10, 25, 30% o 49% sin la aprobación de la Comisión de Inversiones Extranjeras.

Además, la Ley de Inversión Extranjera permite a los inversionistas extranjeros comprar valores, conocidos como certificados de participación ordinaria, que se basan en títulos de renta variable emitidos por empresas mexicanas y negociados en la Bolsa Mexicana de Valores que de otro modo estarían restringidos a inversionistas mexicanos, siempre que se cumplan ciertas condiciones. 

En mayo de 2019, ProMéxico, un fideicomiso público que anteriormente estaba supervisado por la Secretaría de Economía, se disolvió y el fideicomiso transfirió sus responsabilidades a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Relaciones Exteriores.