El Instituto George W. Bush propuso quitar las barreras restantes al comercio transfronterizo de energía en todas sus formas, incluida la eliminación del proceso del permiso presidencial de los Estados Unidos para la infraestructura transfronteriza.

La cuestión de si la autoridad del permiso presidencial es constitucional o está sujeta a revisión judicial y ha sido una cuestión no resuelta.

Un poco más de un mes después de que el Departamento de Estado, en noviembre del 2015, rechazara la solicitud de permiso presidencial de TransCanada para construir su proyecto de tubería Keystone XL, el Tribunal de Distrito del Distrito de Minnesota dictaminó que las decisiones del permiso presidencial del Departamento de Estado son presidenciales por naturaleza y por lo tanto no están sujetas a revisión judicial.

Aproximadamente un mes después, en enero del 2016, TransCanada presentó dos acciones separadas para desafiar el rechazo de la administración del entonces presidente Barack Obama a su solicitud de un permiso presidencial para el gasoducto Keystone XL.

La primera acción fue presentada ante el tribunal federal del distrito de Texas para impugnar la denegación del permiso presidencial Keystone y la segunda es un aviso de intención para someter una arbitraje bajo el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El Instituto George W. Bush planteó además que las recientes reformas de México fueron un “cambio de juego” para toda la región y, al incluir el “capítulo faltante” (energía) del TLCAN se puede asegurar esas reformas con la renegociación de este acuerdo comercial.

“La ampliación del pacto para incluir la cooperación energética no sólo genera nuevas oportunidades de mercado para los bienes y servicios estadounidenses, sino que también permitiría a Norteamérica posicionarse como una superpotencia abundante en energía”, dijo en un documento enviado al gobierno.

El Instituto George W. Bush sugirió establecer normas de seguridad y medio ambiente en un “camino convergente”. Consideró que se debe liberalizar el comercio y la inversión en el sector de la energía como un aspecto crítico para la manufactura y la seguridad en América del Norte, al tiempo de implementar actualizaciones dirigidas a procedimientos e infraestructura fronterizos para acomodar un volumen creciente, mientras se gestionan los riesgos.

“Nuestros gobiernos han estado trabajando estrechamente en todos los niveles sobre comercio y temas relacionados durante casi tres décadas. Como resultado, muchas cuestiones se entienden claramente y necesitan poco más que un fuerte compromiso político para llevar a cabo una conclusión”, dijo.