En México operaban 101 compañías de seguros en septiembre de 2016, de las cuales 52 eran filiales de empresas extranjeras y 49 empresas de capital nacional, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

Entre las filiales de empresas extranjeras, están: ABA Seguros, Allianz México, AXA Seguros, BBVA Bancomer Seguros Salud, Coface Seguro de Crédito México, El Águila Compañía de Seguros, HSBC Pensiones, Mapfre Tepeyac, Metlife México, Pensiones Banamex, Principal Seguros, Seguros Monterrey New York Life, Tokio Marine Compañía de Seguros y Zurich Compañía de Seguros.

Sólo ocho compañías pertenecían a un grupo financiero. A septiembre de 2016, 24 compañías operaban en los tres ramos de seguros, 15 en dos ramos y el resto en un solo ramo.

México modificó el régimen de inversión extranjera en el sector financiero. Desde 2014, se permite 100% de Inversión Extranjera Directa (IED) en la actividad aseguradora; la ley limitaba anteriormente la inversión extranjera en el sector al 49%. Según el gobierno federal, la apertura ha facilitado el establecimiento de nuevas compañías de seguros en el mercado mexicano.

Al igual que en el sector de la banca comercial (múltiple), México autoriza la presencia comercial de compañías extranjeras de seguros a través de filiales y oficinas de representación. Se necesita la autorización de la CNSF para constituir una filial.

La CNSF es también el ente encargado de autorizar las fusiones entre compañías de seguros, pero debe consultar con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cuya opinión es necesaria para autorizar la fusión.

México modificó el régimen jurídico del mercado asegurador y de fianzas al publicarse una nueva ley en 2013. La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) entró en vigor el 4 de abril de 2015, tras un periodo de transición de dos años desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación para poder promulgar la regulación secundaria que permite su aplicación plena.

La Circular Única de Seguros y Fianzas que constituye la regulación segundaria se promulgó en 2014. El objetivo de la LISF es robustecer el marco jurídico de los sectores de seguros y fianzas, sobre todo en lo relativo a solvencia, estabilidad y seguridad para alinearse con los estándares y mejores prácticas internacionales. Se derogaron la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros de 1935 y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas de 1950.