La cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) afectará los planes de negocio de las empresas armadoras de la región, las cuales tienen contratos de proveeduría vigentes hasta por 15 años, destacó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

«Se están analizando (las medidas de suprimir el TLCAN). Hay acciones que tienen que ver con los tiempos, hay ciertas acciones que no se habían contemplado desde un principio; hay ciertos términos que se deben cumplir, ciertas responsabilidades. Por ejemplo las armadoras, porque hay contratos que se van a 5, 10 y 15 años y hay responsabilidad de las armadoras con los proveedores. En esto hay terceros perjudicados», dijo.

El 26 de abril, la prensa informó que el gobierno de Donald Trump estaba redactando una orden ejecutiva dirigida a la retirada potencial de Estados Unidos del TLCAN entre los Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, más tarde ese día, Trump anunció que había decidido no terminar el TLCAN «en este momento», sino que en cambio buscaría una renegociación del acuerdo.

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos ha declarado en diversas ocasiones sobre la posibilidad de terminar con el acuerdo.

«Ante esta situación, que nos parece poco probable, algunos dirigentes empresariales estadounidenses y mexicanos han comenzado a estudiar algunas opciones legales en caso de que el Presidente estadounidense continúe con sus amenazas de desechar el TLCAN», dijo CEESP.

«Es claro que habrá que plantear opciones que compensen una salida del TLCAN en caso necesario. En este entorno, se ha venido hablando de que México tendría que pensar en un plan B», añadió.

El TLCAN regula la imposición de aranceles a los productos importados, así como las barreras comerciales no arancelarias (por ejemplo, los procedimientos aduaneros o las prácticas de contratación pública). El anuncio del Presidente plantea preguntas sobre hasta qué punto el Poder Ejecutivo puede renegociar unilateralmente el acuerdo e implementar enmiendas al mismo en el derecho interno, sin más medidas por parte del Congreso.