Estados Unidos pidió que sea optativo el acatamiento de los fallos de los paneles de solución de controversias como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés) pretende incorporar nuevas reglas que proporcionen “mecanismos para garantizar que las Partes mantengan el control de las disputas y en situaciones en las que un panel haya cometido un error evidente en su evaluación de los hechos o las obligaciones que se aplican”.
Uno de los recientes casos en los que la USTR declaró que un fallo no estuvo sustentado legalmente fue sobre una resolución de controversias entre Estados Unidos y Guatemala en materia laboral.
Los tres miembros del Panel Arbitral del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA-DR, por su sigla en inglés) emitieron un laudo a favor del gobierno de Guatemala en la disputa con Estados Unidos sobre el vínculo entre estándares laborales y comercio.
El fallo, difundido el pasado 26 de junio, se dio nueve años después del comienzo de la disputa, la primera por asuntos laborales elevada por Estados Unidos bajo un tratado de libre comercio.
La disputa comenzó en 2008, tras una denuncia al Departamento del Trabajo de Estados Unidos firmada por la central sindical Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por su sigla en inglés) y seis sindicatos guatemaltecos.
El grupo argumentaba que el gobierno guatemalteco violaba leyes laborales, denunciando la ausencia de registros de sindicatos, la inexistencia de tribunales de conciliación, la falta de inspecciones de trabajo y de ejecución de órdenes judiciales.
El panel, en un complicado fallo de más de 200 páginas, concluyó que “Estados Unidos no ha demostrado que Guatemala no cumplió con sus obligaciones”, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
Una de las intenciones de la USTR en el TLCAN es que los asuntos laborales puedan dirimirse a través del mecanismo de resolución de controversias
“Asegúrese de que estas obligaciones laborales estén sujetas al mismo mecanismo de solución de controversias que se aplica a otras obligaciones exigibles del Acuerdo”, estableció como parte de los objetivos actualizados de la negociación del TLCAN.
La posición de México es que todos los fallos de los mecanismos de solución de controversias sean vinculantes y que no se socaven esos mecanismos.
El gobierno de Estados Unidos ha fijado varias de sus posiciones sobre solución de controversias como un bloque, de modo que los cambios sean transversales, ya sea entre Estado-Estado o Inversionista-Estado.