México informó que rechaza cualquier tipo de comercio administrado y que consecuentemente no acepta la petición de Estados Unidos de reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para dar acceso a sus compras gubernamentales a Canadá y México al mismo nivel de acceso que le brinden sus dos vecinos en ese mismo rubro.

“La propuesta no la compartimos porque, en esencia, implica regresar a un esquema de comercio administrados, que México por sí mismo no acepta”, dijo Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

La contrapropuesta mexicana a ello fue que la medición de la apertura no sea en términos de “acceso”, sino de las compras efectivamente hechas; pero se hizo más con un objetivo de cuestionar el planteamiento estadounidense puesto que actualmente las compras de Estados Unidos son mayores a las de México en este campo en el comercio bilateral.

El capítulo de compras del gobierno del TLCAN establece estándares y parámetros para las compras gubernamentales de bienes y servicios. El cronograma de compromisos, que se presenta en un anexo al capítulo, ofrece oportunidades para que las empresas de cada país pujen sobre ciertos contratos para agencias gubernamentales específicas por un umbral monetario establecido sobre una base recíproca.

Los partidarios de ampliar las posibilidades de la contratación en los tratados de libre comercio argumentan que ello abre oportunidades a las empresas e influye para hacer un uso más eficiente de los fondos públicos. Sin embargo, otras partes interesadas sostienen que la contratación pública debería beneficiar principalmente a las industrias nacionales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ubica entre los segundos, dado que ha puesto como una prioridad el respaldo a programas de compras de gobierno como el Buy American (compre productos y servicios estadounidenses) y el Hire American (contrate a estadounidenses).

“Si siguiéramos la idea que está poniendo Estados Unidos en la mesa, al final todos vamos a perder, porque implicaría que México también tiene que restringir el acceso que se le da de las instituciones de gobierno a las empresas estadounidenses”, adujo Baker.

“Entonces, todos los contratos que hace Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, etcétera, pues necesariamente tendrían que ser medidos de esa manera”, añadió.

Dados los tamaños de sus economías, México y Canadá debieran tener mayores oportunidades de participar en las compras gubernamentales de su vecino común versus las que habría en sentido contrario; pero, paradójicamente, hay más empresas con capital estadounidenses, y con un mayor poder económico, en comparación a sus pares de capitales mexicanos o canadienses, lo que les permite un mejor posicionamiento en términos de competencia.