Las empresas Grupo Lala, Coca Cola Femsa y Pan American Silver Corporation han cerrado instalaciones por la inseguridad, destacó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Los altos niveles de violencia se han convertido en los mayores obstáculos para la actividad productiva”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, en un comunicado.

Hace dos meses, Coca Cola-Femsa anunció el cierre de un centro de distribución en Guerrero, porque el “asedio” del crimen organizado era “insoportable”. La semana pasada, la empresa LALA se vio obligada a cerrar en Ciudad Mante, Tamaulipas, por razones similares, lo mismo que la Mina Dolores, en Chihuahua, donde trabajan más de 1,800 empleados.

“No puede haber una economía próspera si no se respeta la ley ni se protegen la seguridad de los ciudadanos y sus derechos. En México, cuando más necesitamos generar empleos y construir oportunidades de desarrollo para las personas, es fundamental que los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la federación asuman su responsabilidad con la paz y el Estado de derecho en el país”, exhortó Castañón.

Añadió que la impunidad con la que actúan los criminales en México y la omisión de las autoridades para proteger la integridad de los trabajadores e inversionistas son inaceptables.

“Pero la impasibilidad del gobierno se extiende también a otros grupos organizados que violan la ley y atentan contra el patrimonio de la sociedad sin ninguna consecuencia: normalistas y maestros en Chiapas, Michoacán o Oaxaca obstruyen vías estratégicas de comunicación o saquean a repartidores de diversas empresas sin que nadie haga nada”, criticó.

El robo en autotransporte se duplicó en el primer trimestre de este año, respecto al mismo periodo de 2017. Y aún más grave, más de 90 políticos han perdido la vida en este proceso electoral.

“Esto no puede continuar así. Es inconcebible que fallemos al proteger la vida de los ciudadanos frente a la delincuencia. No podemos permitir que se despoje a los trabajadores de lo que ganan a diario con tanto esfuerzo; ni podemos aceptar que se obstruya y afecte a las empresas que generan empleos, porque no existen condiciones de seguridad para operar”, comentó.

“Exigimos que se aplique la ley, sin excepción, sin ningún pretexto, a quien atente contra la vida o el patrimonio de los mexicanos. El mensaje es para todos los órdenes de gobierno. Los empresarios demandamos que no se postergue más la profesionalización de las policías; que se multiplique el estado de fuerza donde sea necesario y que se coordinen acciones con las Fuerzas Armadas cuando las autoridades civiles son rebasadas por la delincuencia”, dijo.