China aplica desde el pasado 2 de abril aranceles de hasta 25% a la importación de 128 productos originarios de Estados Unidos, incluidos la carne de cerdo, el vino y algunas frutas, por un monto anual de 3,000 millones de dólares.

Esta medida la tomó como represalia a la determinación de Estados Unidos de imponer aranceles globales de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las de aluminio desde el 23 de marzo.

Ambas naciones han iniciado consultas en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para dirimir este caso.

Los cambios en los aranceles afectan la actividad económica directamente al influir en el precio de los bienes importados e indirectamente a través de modificaciones en los tipos de cambio y los ingresos reales.

La magnitud del cambio de precio y su impacto en los flujos comerciales, el empleo y la producción en Estados Unidos y en el extranjero dependen de las limitaciones de recursos y de la forma en que los diversos actores económicos (productores extranjeros de los productos sujetos a aranceles, productores de sustitutos nacionales, productores en las industrias transformadoras y los consumidores) pueden responder a medida que los efectos del aumento de los aranceles repercuten en toda la economía.

La solicitud presentada por China se refiere a los aranceles a las importaciones de artículos de acero y aluminio impuestos por el Presidente de Estados Unidos en virtud del artículo 232 de la Ley de Expansión del Comercio Exterior de 1962.

En la OMC, Estados Unidos argumentó que el Presidente determinó que los aranceles eran necesarios para ajustar las importaciones de artículos de acero y aluminio que amenazan menoscabar la seguridad nacional de Estados Unidos.

Adujo que las cuestiones relativas a la seguridad nacional son asuntos políticos que no son susceptibles de examen, ni pueden ser objeto de resolución en el marco de la solución de diferencias en la OMC.

Cada Miembro de la OMC, por consiguiente, conserva la facultad de determinar por sí mismo los asuntos que estime necesarios para la protección de los intereses esenciales de su seguridad, como queda reflejado, según el gobierno estadounidense, en el texto del artículo XXI del GATT de 1994.

En contrapunto, China tomó su medida al basarse en el artículo 14 del Acuerdo sobre Salvaguardias y manifestó su intención de suspender concesiones y otras obligaciones, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 8 del mismo Acuerdo sobre Salvaguardias.

China expuso además que los derechos de 25 y 10% son incompatibles con disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994).

Estados Unidos respondió que las tarifas no pueden ser impugnadas porque fueron impuestas por razones de seguridad nacional, y que la excepción de seguridad contenida en el Artículo XXI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio es autodefinida y no está sujeta a revisión.

Desde su perspectiva, los aranceles impuestos en virtud del artículo 232 no son medidas de salvaguardia, sino aranceles sobre las importaciones de artículos de acero y aluminio que amenazan menoscabar la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Ambos alegatos fueron planteados luego de que China presentó una reclamación en el marco del sistema de solución de diferencias de la OMC contra los aranceles de Estados Unidos sobre productos de acero y aluminio.