Este domingo los mexicanos elegirán a más de 3,400 funcionarios nacionales, estatales y locales, incluido un sucesor del presidente Enrique Peña Nieto y un congreso completamente nuevo (Senado y Cámara de diputados).
Las elecciones de este año pueden dar lugar a cambios en las políticas internas y externas de México, especialmente si se elige a Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó las elecciones presidenciales desde que comenzó la campaña.
De acuerdo con un análisis del Congreso de Estados Unidos, con las candidaturas presidenciales prometiendo adoptar posturas más duras hacia las políticas estadounidenses percibidas como hostiles, las elecciones también podrían afectar el comercio bilateral, la energía, la migración y las cuestiones de seguridad.
En forma desglosada, se cambiará al Presidente de la República, el Senado de la República (128 legisladores), la Cámara de Diputados (500 legisladores), el Jefe de Gobierno y 16 alcaldes de la Ciudad de México, ocho gobernadores, 1,580 presidentes municipales en 24 entidades y 972 diputados de 27 Congresos estatales.
Este año es la primera vez que los partidos en todo el espectro político de México han construido coaliciones para aumentar su apoyo.
Muchos mexicanos han expresado su frustración de que el gobierno del PRI no haya logrado distinguir sus políticas de las del PAN y se haya visto afectado por la corrupción generalizada.
El presidente Peña Nieto dirigió las reformas estructurales a través del congreso en 2013, incluida una reforma constitucional que abrió el sector energético y de telecomunicaciones de México a la inversión extranjera y una reforma educativa que impulsó las normas para los docentes.
Incluso con las reformas, el crecimiento económico de México ha promediado 2% (como fue bajo el gobierno del PAN). Los homicidios superaron los niveles históricos en 2017, sin embargo, el PRI ha continuado el enfoque de seguridad pública liderado por el PAN.
El Congreso estadounidense destacó que los escándalos de corrupción han implicado a la familia del Presidente y a sus principales asesores, así como a muchos ex gobernadores de PRI y PAN. “Se han producido casos de abuso de los derechos humanos, presuntamente cometidos por las fuerzas de seguridad, y han quedado impunes. La calificación de aprobación del presidente Peña Nieto se mantuvo en aproximadamente 20% en febrero de 2018, un mínimo histórico”, indicó en el análisis.
