México y Estados Unidos reincorporaron a la mesa de negociaciones el tema de las compras de gobierno en las discusiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Actualmente, el capítulo de compras del gobierno del TLCAN establece estándares y parámetros para las compras gubernamentales de bienes y servicios.
El cronograma de compromisos, que se presenta en un anexo al capítulo, ofrece oportunidades para que las empresas de cada país pujen sobre ciertos contratos para agencias gubernamentales específicas por un umbral monetario establecido sobre una base de reciprocidad.
Estados Unidos y Canadá también han puesto a disposición ciertas oportunidades de contratación pública mediante obligaciones similares en el Acuerdo plurilateral de Contratación Pública (GPA, por su sigla en inglés) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). México no es actualmente miembro del GPA.
El TLCAN abrió una porción significativa de las compras del gobierno federal en cada país de manera no discriminatoria a los proveedores de otros países de la región para bienes y servicios, a la vez que contiene algunas limitaciones para la adquisición por parte de empresas estatales.
Al buscar un mayor acceso al mercado a través los contratos de adquisición para firmas estadounidenses en los países del TLCAN, Estados Unidos busca «garantizar la reciprocidad en las oportunidades de acceso a mercados para bienes, servicios y proveedores estadounidenses, en Canadá y México».
Según reportes, la propuesta estadounidense limitaría el acceso a las adquisiciones al mercado de Estados Unidos al valor en dólares del acceso a las adquisiciones disponibles en Canadá y México; esto es, un mecanismo de dólar por dólar.
Dado que el tamaño de los mercados de compras en Canadá y México es sustancialmente más pequeño que el de Estados Unidos, esta propuesta reduciría la cantidad de adquisiciones disponibles para ser ofertadas por empresas canadienses y mexicanas.
Estados Unidos también busca excluir la contratación subfederal (compras públicas estatales y locales), como lo hizo cuando negoció el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés), del cual posteriormente se retiró.
Los partidarios argumentan que la naturaleza recíproca de las disposiciones de contratación pública en los TLC permite a las empresas estadounidenses acceder a oportunidades importantes del mercado de contratación pública en el extranjero.
Además, los partidarios afirman que los mercados abiertos de contratación pública en el país permiten a las entidades gubernamentales aceptar ofertas de los proveedores del país socio, lo que podría hacer un uso más eficiente de los fondos públicos.
Sin embargo, otras partes interesadas sostienen que la contratación pública debería beneficiar principalmente a las industrias nacionales.