El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece la creación de un Comité de Buenas Prácticas Regulatorias.
En general, en su capítulo respectivo, este tratado de libre comercio estipula obligaciones específicas con respecto a las prácticas relacionadas con la planificación, diseño, emisión, implementación y revisión de las regulaciones de cada Parte.
El Comité de Buenas Prácticas Regulatorias tiene como objetivo monitorear la implementación, intercambiar información y colaborar en forma conjunta en los enfoques de compatibilidad y cooperación regulatoria, bilateral o trilateral, sobre una base de beneficio mutuo.
Particularmente, fija compromisos relacionados con la obligación de publicar un plan anual de regulaciones que cada país prevea emitir o modificar, así como la publicación del texto de cualquier regulación propuesta y la explicación de su base científica y técnica.
En el capítulo de da una mayor importancia a los órganos centrales de coordinación regulatoria (Conamer en el caso de México) y los mecanismos internos de coordinación para aumentar la congruencia en la política regulatoria y alentar la compatibilidad regulatoria entre las Partes para facilitar el comercio.
También se especifican plazos mínimos de consulta para proporcionar tiempo suficiente a las partes interesadas para dar comentarios sobre el texto propuesto de una regulación.
Adicionalmente, el Capítulo de Buenas Prácticas Regulatorias contiene parámetros para realizar evaluaciones de impacto regulatorio (considerar beneficios y costos de las alternativas seleccionadas y otras alternativas factibles, incluidos los impactos relevantes como los efectos económicos, sociales, ambientales, de salud pública y de seguridad), revisiones retrospectivas de regulaciones existentes, así como otras formas de ayudar a identificar y prevenir cargas reglamentarias innecesarias o impactos comerciales.
Transparencia en prácticas regulatorias
Obliga a publicar la versión final de la regulación, en línea y disponible al público en general.
Asimismo, las regulaciones propuestas y finales deben ser publicadas por escrito usando un lenguaje sencillo para asegurar que esas regulaciones sean claras, concisas y fáciles de entender para el público, reconociendo que algunas regulaciones abordan problemas técnicos y que se puede requerir la experiencia relevante para entenderlas y aplicarlas.
Obliga a poner a disposición en Internet la información clave y los documentos relacionados sobre la implementación de las regulaciones (por ejemplo: procedimientos, formularios y tarifas).
El Capítulo está sujeto a las disposiciones de solución de controversias, un año después de su entrada en vigor.
