China impuso a partir de este 1 de junio aranceles de entre 10 y 25% a un total de 5,410 productos originarios de Estados Unidos (incluido el gas natural) por un valor de 60,000 millones de dólares anuales, con lo cual castiga ya a la totalidad de sus compras de mercancías estadounidenses.
Bajo el argumento de preocupaciones sobre las políticas de China en materia de propiedad intelectual, tecnología e innovación, la Administración de Trump ha implementado tres rondas de aumentos de aranceles en un total de 250,000 millones de dólares en productos chinos, mientras que China ha subido los aranceles en 110,000 millones de dólares en productos de Estados Unidos.
En 2018, las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado a China sumaron 514 millones de dólares. Estados Unidos no exporta gas natural en estado gaseoso al mercado chino.
El 5 de mayo de 2019, el presidente Trump dijo que las negociaciones comerciales con China iban «muy lentamente» y el 8 de mayo afirmó que China trató de retroceder sobre los compromisos comerciales anteriores.
Como resultado, ordenó que los aranceles se elevaran del 10 al 25% en el tercer tramo de importaciones desde China (que entraron en vigencia el 10 de mayo).
Además, ordenó a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) comenzar el proceso de aumentar los aranceles 25% en casi todas las importaciones estadounidenses restantes de China (excepto materiales de tierras raras, productos farmacéuticos de minerales críticos, ciertos insumos farmacéuticos y ciertos productos médicos), valoradas en 300,000 millones de dólares.
Aranceles, gas natural y otras medidas
Después, el 13 de mayo, China anunció que suburía los aranceles para muchos de los productos en la lista del tercer tramo de represalia contra los productos de los Estados Unidos (a partir del 1 de junio de 2019).
También China anunció el viernes que publicaría una lista de entidades extranjeras «no confiables» que han dañado los intereses de las empresas chinas.
La lista de China incluiría empresas o individuos extranjeros que violaron las reglas del mercado y las obligaciones contractuales, o que tomaron «medidas discriminatorias» para perjudicar los derechos e intereses comerciales chinos, así como la seguridad e intereses nacionales.
