Las modificaciones unilaterales de la Secretaría de Energía a los lineamientos para el otorgamiento de los Certificados de Energía Limpia (CEL’s) se hicieron “ignorando los comentarios de más de 60 empresas, asociaciones industriales y organizaciones de la sociedad civil”, afirmaron asociaciones involucradas.
En un comunicado conjunto, este posicionamiento lo fijaron la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica y la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE).
“Los cambios contravienen principios básicos de la protección a las inversiones, amparados no sólo en el marco jurídico mexicano sino también en tratados internacionales. Implican un cambio fundamental en el marco jurídico y regulatorio del sector eléctrico con un daño directo económico en los proyectos de inversión privada en desarrollo, construcción y operación”, dijeron.
En consecuencia, las asociaciones acudirán ante las instancias competentes, nacionales e internacionales, para defender sus derechos.
Gracias al marco regulatorio que hasta ayer estaba vigente, según datos publicados por la Comisión Reguladora de Energía en la Memoria de Cálculo de Tarifas, la energía proveniente de fuentes limpias para CFE Suministro Básico a partir de 2014 es 63% más económica que la energía que adquiere en el Mercado Eléctrico Mayorista –incluyendo el costo de los CELs-, y más económica que la de los contratos legados con CFE generación en 37 por ciento.
“Estos beneficios no se podrán obtener con el acuerdo impuesto”, cuestionaron.
Certificados de Energía Limpia
La modificación de los Lineamientos para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia (CELs), que otorga participar a las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pone en riesgo inversiones nacionales e internacionales por más de 9,000 millones de dólares que se anclaron en las reglas originales de los contratos, de modo que se procederá a los amparos, afirmó este martes el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Este cambio altera de manera sustantiva el marco regulatorio del sector energético, altera el trato equitativo entre los participantes del sector eléctrico, genera incertidumbre y vulnera la ejecución de inversiones”, dijo.
