El 95% de todas las transacciones de inversión extranjera no requieren la aprobación del gobierno de México, de acuerdo con un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
De hecho, las inversiones extranjeras que requieren autorización del gobierno y no exceden los 165 millones de dólares se aprueban automáticamente, a menos que la inversión propuesta se encuentre en un sector legalmente reservado.
La Comisión Nacional de Inversión Extranjera, dependiente de la Secretaría de Economía, es la autoridad gubernamental que determina si una inversión en sectores restringidos puede avanzar.
Para ello, la Comisión tiene 45 días hábiles después de la presentación de una solicitud de inversión para tomar una decisión.
Los criterios para la aprobación incluyen consideraciones de empleo y capacitación, y contribuciones a la tecnología, la productividad y la competitividad.
Asimismo, la Comisión puede rechazar solicitudes para adquirir empresas mexicanas por razones de seguridad nacional.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe emitir un permiso para que los extranjeros establezcan o cambien la naturaleza de las empresas mexicanas.
Inversión extranjera, sus límites
México reserva ciertos sectores, en su totalidad o en parte, para el Estado, incluidos: petróleo y otros hidrocarburos; control del sistema eléctrico nacional, materiales radiactivos, servicios telegráficos y postales; generación de energía nuclear; acuñación e impresión de dinero; y control, supervisión y vigilancia de los puertos de entrada.
Ciertos servicios profesionales y técnicos, bancos de desarrollo y el transporte terrestre de pasajeros, turistas y carga (sin incluir los servicios de mensajería y paquetería) están reservados completamente para los ciudadanos mexicanos.
Sector energético
Las reformas en los sectores de energía, generación de energía, telecomunicaciones y venta minorista de combustible han liberalizado el acceso de los inversores extranjeros.
Si bien las reformas no han llevado a la privatización de empresas estatales como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), han permitido la participación de empresas privadas.
En tanto, las empresas privadas participan en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos a través de contratos con el gobierno en cuatro categorías: contratos competitivos, empresas conjuntas, acuerdos de participación en los beneficios y contratos de licencia.
Todos los contratos deben incluir una cláusula que indique que los hidrocarburos del subsuelo son propiedad del Estado.
El gobierno ha celebrado cuatro sesiones de licitación separadas que permiten a las empresas privadas ofertar por la exploración y el desarrollo de recursos de petróleo y gas en bloques de todo el país.
En 2017, México subastó con éxito 70 bloques terrestres, poco profundos y de aguas profundas con un interés significativo de las compañías petroleras internacionales. El gobierno de López Obrador decidió suspender todas las subastas futuras hasta 2022.
Telecomunicaciones
La ley mexicana establece que las actividades de telecomunicaciones y radiodifusión son servicios públicos y el gobierno mantendrá en todo momento la propiedad del espectro radioeléctrico.
En cuanto a la aviación, la Ley de Inversión Extranjera limitó la propiedad extranjera del transporte aéreo nacional al 25% hasta marzo de 2017, cuando el límite se incrementó al 49 por ciento.
