Varios gobiernos de países del mundo han credo paquetes de apoyos por el COVID-19, de acuerdo con un informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Al 31 de marzo de 2020, dichos anuncios habían sido hechos, entre otros, por los gobiernos de Australia (AUD 320,000 millones), Canadá (CAD 85,000 millones), China (RMB 300,000 millones), Francia (EUR 345,000 millones), Alemania (EUR 450,000 millones), Japón (YEN 30 billones), Nueva Zelanda (NZD 12,100 millones), Polonia (PLN 212,000 millones), República de Corea (KRW 100 billones, España (EUR 200,000 millones), Suiza (CHF 42,000 millones, Reino Unido (350 000 millones de libras esterlinas) y Estados Unidos (2 billones de dólares).
Estos paquetes de apoyos por el COVID-19 pueden incluir incentivos laborales dirigidos a apoyar a las empresas en la preservación de empleos durante la crisis. Asimismo, estos incentivos pueden tomar la forma de subsidios directos al empleo.
El gobierno australiano anunció el 30 de marzo de 2020 un «programa de pago de empleo» de AUD$ 130,000 millones. «Según el esquema, los empleadores económicamente afectados por COVID-19 tendrán un pago quincenal de AUD$ 1,500 por empleado durante un máximo de seis meses.
Apoyos por el COVID-19
En segundo lugar, las respuestas relacionadas con el empleo pueden basarse en programas de apoyo para aquellos particularmente vulnerables en el mercado laboral, incluidos los jóvenes y aquellos sin condiciones de trabajo estables.
A este respecto, el gobierno suizo, el 20 de marzo de 2020, decidió ampliar y simplificar su sistema de permisos de trabajo a corto plazo («Kurzarbeitsentschädigungen)» para aplicar también a los empleados con contratos de duración determinada, arreglos temporales y pasantías. El procesamiento de las solicitudes se acortó con posibles pagos por adelantado.
Finalmente, los incentivos laborales pueden referirse a las cotizaciones a la seguridad social. Por ejemplo, el «Escudo Anticrisis» adoptado por el gobierno polaco y ahora en trámite en el Parlamento prevé exenciones durante tres meses de las contribuciones a la seguridad social para las microempresas con hasta nueve empleados y contratistas independientes). Esto se suma a los subsidios salariales directos para los empleadores por un monto de hasta el 40% del salario mensual promedio.
