El presidente de los Estados Unidos extendió por otro año la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, un estatuto de 1917 en el que se sustenta, desde hace más de 50 años, el bloqueo económico impuesto a Cuba.
El presidente Barack Obama tenía que decidir antes del miércoles si prolongaba las sanciones a Cuba bajo la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, un estatuto al que recurrió el entonces presidente John F. Kennedy en 1962 para imponer el embargo económico sobre La Habana y que desde entonces han renovado, año tras año, los nueve presidentes siguientes.
De acuerdo con el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Cuba es actualmente el único país del mundo sancionado bajo esa ley, que autoriza al presidente de Estados Unidos a imponer y mantener restricciones económicas a Estados considerados hostiles.
En un memorando enviado este martes a los secretarios de Estado y del Tesoro, Obama explica que su decisión de prorrogar por un año más la ley, hasta el 14 de septiembre de 2017, está “en el interés nacional” del país.
La renovación de la Ley de Comercio con el Enemigo amplía al máximo la autoridad del presidente para administrar el embargo a Cuba y autorizar determinadas transacciones, de modo que le sirve a Obama como instrumento de flexibilización de la medida.
Desde que se inició el camino hacia la normalización de las relaciones, en diciembre de 2014, La Habana ha reclamado el levantamiento del bloqueo, si bien se han flexibilizado algunos aspectos como viajes, intercambio de rutas aéreas e intercambio postal y de telecomunicaciones, el bloqueo comercial persiste.
El pasado viernes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó el informe anual sobre las consecuencias del bloqueo económico a la isla, en él se reflejan las millonarias pérdidas ocasionadas, unos 4,680 millones de dólares.
Es importante mencionar, que el día martes, países como Venezuela, Namibia y Nicaragua, denunciaron en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra los efectos negativos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto de manera unilateral a Cuba.