Países de América Latina han fijado impuestos a empresas digitales, cerrando brechas de competitividad, de acuerdo con un informe de la Cepal.
En general, los modelos de negocio de la economía digital plantean desafíos para los sistemas tributarios.
El hecho de que las empresas no estén presentes físicamente y de que los servicios que estas ofrecen trasciendan los límites geográficos genera una situación difícil de dimensionar con instrumentos tradicionales.
La elevada complejidad de las transacciones y las dificultades para categorizar el tipo de actividad económica y los ingresos asociados son algunos de los desafíos que se presentan.
En este contexto, la aplicación de los fundamentos técnicos tradicionales en que se basan el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta se han mostrado frágiles y aún no se ha llegado a un consenso sobre la necesidad de un nuevo marco tributario internacional.
Impuestos globales
El pasado 1 de julio, 130 países y jurisdicciones llegaron a un acuerdo para continuar con el desarrollo del proyecto con el que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) pretende mitigar los retos en materia de tributación internacional que representa una economía altamente digitalizada.
Este proyecto está basado en dos pilares principales que tienen como objetivo reformar el sistema fiscal internacional para asegurar que los Grupos Multinacionales (GM) estén sujetos a impuestos en los territorios donde generan sus utilidades y no solamente en aquellos en los que tienen presencia física o legal; de esta manera, se estaría dotando de mayor certidumbre y estabilidad a los sistemas tributarios para que a su vez, los gobiernos puedan recaudar recursos para poder hacer frente a programas de servicios públicos, de infraestructura y continuar con la recuperación económica de la era posCovid-19.
Después, el 9 y 10 de julio de 2021, los Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 (FMCBG, por su sigla en inglés) se reunieron en Venecia para su tercera reunión oficial bajo la presidencia italiana del G20. Esta fue la primera reunión presencial de Finance Track desde febrero de 2020.
Este sistema se basa en dos pilares, el modo de asignar un porcentaje de los beneficios de las empresas, en particular de las digitales, a ciertas jurisdicciones para que paguen impuestos donde operan aunque no tengan presencia física; y en la aplicación de un tipo mínimo del impuesto de sociedades de, al menos, 15% a las empresas con una facturación como poco de 750 millones de euros.
Empresas digitales
Según la Cepal, las peculiaridades de las empresas digitales se han traducido en una disparidad en el pago de impuestos y han generado un problema de competencia entre las empresas digitales que venden sus servicios en un país y tributan en otro, y las empresas locales, que están sometidas a la normativa fiscal nacional y obligadas a pagar la totalidad de los impuestos que dicha normativa establece.
La ventaja fiscal de la que gozan dichas empresas digitales crea una distorsión que no está alineada con una política fiscal neutral.
Además, el régimen regulatorio que les brinda beneficios tributarios, como los incentivos a la investigación y desarrollo, y la rápida depreciación de sus activos, entre otros, profundiza las desigualdades tributarias.
Si bien los objetivos detrás de estos beneficios son estimular la innovación y atraer inversiones en nuevas tecnologías, la menor carga fiscal resultante de los incentivos ha creado una brecha entre la tributación de las empresas digitales y la de aquellas de otros sectores.
Ante la dificultad de aplicar impuestos directos a las empresas digitales, muchos países han optado por aplicar a los servicios digitales tributos indirectos como el IVA; es decir, una suerte de impuesto al consumo sobre el suministro de ciertos servicios digitales, que se aplicaría sobre el ingreso bruto.
Impuestos en la región
Hasta enero de 2020, habían introducido este tipo de gravámenes 77 países, de los cuales 12 eran de América Latina y el Caribe.
Con relación a los impuestos directos a servicios digitales, a pesar del riesgo de doble tributación, varios países han adoptado medidas fiscales unilaterales interinas, mientras se acuerdan soluciones integrales de carácter multilateral.
China sostiene que las empresas digitales deben tributar por los datos, así como lo hace la industria tradicional por la materia prima que utiliza (SCMP, 2020).
La Unión Europea, las Naciones Unidas y la OCDE han propuesto aplicar un impuesto del 3% sobre los ingresos procedentes de actividades en las que el usuario desempeña un rol importante en la creación del valor y a las que resulta complicado aplicar impuestos tradicionales.
Se trata, por ejemplo, de la venta en línea de espacios publicitarios, la intermediación digital y las ventas de datos generados a partir de la información proporcionada por el usuario.
En América Latina y el Caribe, de acuerdo con la Cepal, se ha hecho un abordaje distinto del que se observa en muchos países del mundo.
En lugar de crear un nuevo impuesto, que puede resultar provisional, varios países de la región, como la Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, México, el Paraguay y el Uruguay se decidieron por adaptar el IVA al contexto de las empresas digitales. Por otro lado, el Perú y el Uruguay decidieron implementar un impuesto sobre la renta de estas empresas, de 30% y 12%, respectivamente.
