Los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur llevarán a cabo conversaciones sobre un crédito fiscal estadounidense para vehículos eléctricos que recientemente se aprobó.
Este crédito fiscal se incluye en la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos (IRA, por sus siglas en inglés) y, según el gobierno surcoreano, es discriminatorio para las importaciones estadounidenses de automóviles desde Corea del Sur.
Al respecto, la Agencia de Noticias Yonhap informó que el ministro de Comercio de Corea del Sur, Ahn Duk-geun, expresó su preocupación a la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, durante una reunión en Washington, DC, este miércoles.
Las conversaciones serán “a nivel ministerial” sobre las maneras de minimizar los daños por la Ley de Reducción de la Inflación a los fabricantes automotrices surcoreanos, de acuerdo con declaraciones de Ahn tras reunirse con Tai.
Además, Ahn indicó que discutirán las fechas específicas y otros detalles lo antes posible y que planea reunirse con Tai semanalmente, incluidas las dos próximas semanas.
En contraste, la Ley de Reducción de la Inflación permite usar créditos fiscales automotrices para la compra de autos producidos en México y Canadá.
Vehículos eléctricos
La Ley plantea que el ensamblaje final debe tener lugar en Norteamérica, mientras que el precio de venta al público debe ser inferior a 55,000 dólares en el caso de los coches y a 80,000 dólares en el caso de los camiones y los todoterrenos.
Otro requisito es que el material de las baterías debe proceder de Estados Unidos o de socios de libre comercio, con una introducción gradual a partir de 2024.
En particular, la ley establece la ampliación del crédito fiscal federal de 7,500 dólares para los vehículos eléctricos y elimina el límite de los fabricantes de automóviles para poder optar al crédito, que actualmente está en 200,000 vehículos.
El gobierno surcoreano considera que la IRA viola el tratado de libre comercio (TLC) entre Estados Unidos y Corea del Sur, que garantiza que los productos de otros países reciban el mismo tratamiento que los bienes locales o aquellos de un país con estatus de nación más favorecida.
