Al final de 2022, en México había 211 entidades estatales, de propiedad o control, de acuerdo con información del gobierno federal de ese país.
Estas entidades incluyen: empresas de participación estatal mayoritaria; organismos descentralizados; fideicomisos públicos; y empresas productivas del estado, incluyendo sus empresas productivas subsidiarias.
Las empresas de participación mayoritaria incluyen instituciones de fomento bancario, como el Banco del Bienestar, institución que promueve el ahorro, el uso y fomento de la innovación tecnológica y la inclusión financiera y de género a personas y empresas que tienen acceso limitado al crédito.
Por otro lado, los organismos descentralizados son personas morales independientes que generalmente cuentan con autonomía técnica, operativa, presupuestal y de gestión, como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que busca garantizar los depósitos bancarios, principalmente de los pequeños y medianos ahorradores, y dar solución a los bancos con problemas de solvencia, contribuyendo a la estabilidad del sistema bancario y salvaguardando el sistema nacional de pagos.
Los fideicomisos públicos son entidades públicas creadas para proveer un bien o derecho público al servicio de un objetivo definido, como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que busca identificar proyectos de inversión sustentables en el sector turístico orientados al desarrollo regional, la generación de empleos, el desarrollo económico, el bienestar social y la mejora de la calidad de vida.
Ahora bien, las empresas productivas del Estado son empresas que pertenecen en su totalidad al Gobierno.
Entidades estatales
Las empresas productivas del Estado mexicano son Pemex, que a través de sus empresas productivas del Estado se dedica a la exploración, producción, transformación industrial, logística y comercialización de hidrocarburos, y CFE, que a través de sus empresas productivas del Estado promueve la operación eficiente del sector eléctrico y el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución.
En los últimos años, el Congreso ha aprobado una serie de leyes que aumentan el alcance de la participación privada y extranjera en sectores clave de la economía mexicana.
Por ejemplo, el FONADIN sirve de plataforma financiera para desarrollar proyectos de infraestructura con la participación de los sectores público y privado. Además, bajo la Ley Federal de Austeridad Republicana, el gobierno prioriza el uso de procesos de licitación pública para la adjudicación de contratos de compra, arrendamiento y servicios.
