México no tiene previsto actualmente adherirse al Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio (OMC), según información del gobierno mexicano.

El Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC es un acuerdo plurilateral incluido en el Anexo IV del Acuerdo sobre la OMC.

Como tal, no forma parte del compromiso único de la OMC y su adhesión se limita a los Miembros de la OMC que firmaron específicamente el ACP en Marrakech o que se han adherido a él posteriormente.

Cuarenta y ocho miembros de la OMC son partes del ACP: Armenia, Australia, Canadá, la Unión Europea y sus 27 Estados miembros, Hong Kong, China, Islandia, Israel, Japón, República de Corea, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Países Bajos con respecto a Aruba, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suiza, Taipei Chino, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.

En 2022, el Comité no se reunió debido a la falta de consenso en relación con la selección de un Presidente del Comité.

A pesar de la falta de reuniones, el Comité del ACP recibió y distribuyó ofertas revisadas de acceso a los mercados con respecto a las adhesiones al Acuerdo, en particular de Brasil y Macedonia del Norte.

Contratación pública

De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las entidades federativas y municipios (el nivel subfederal) cuentan con personalidad jurídica, y manejan su propio presupuesto, por lo que corresponde a estos el manejo, y administración de los recursos en materia de contrataciones públicas, es por ello que la Federación no cuenta con los datos solicitados.

Asimismo, ningún tratado de libre comercio vigente incluye el nivel subfederal y México no es parte del Acuerdo sobre Contrataciones Públicas, por lo que queda fuera del ámbito de consulta.

En México, existe la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aplicable en toda la República, incluyendo a las autoridades federales, las entidades federativas y los municipios, en la cual se establece en su artículo 70, fracción XXVIII, la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada, la información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados.

Tanto las consolidaciones como los contratos marco son estrategias de contratación que abonan a la eficiencia y la optimización de los recursos públicos y al mismo tiempo impulsan el desarrollo económico del país.

La implementación de estas estrategias se ha visto reflejada en ahorros derivados de las diversas circunstancias que inciden en el precio final.