El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), combatirá los contratos de protección como una acción derivada de la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Se denomina “contrato de protección” al contrato colectivo firmado por el patrón con un sindicato a espaldas de los trabajadores, intercambiando dinero y prebendas de diverso tipo para conseguir discrecionalidad en el manejo de las relaciones laborales.

María Alcalde, designada por AMLO para ser Secretaría del Trabajo en su Administración, informó al diario The Wall Street Journal que AMLO pedirá a los sindicatos que demuestren contar con el respaldo de al menos 30% de sus representados antes de firmar los contratos colectivos de trabajo.

Alcalde informó también que los acuerdos existentes deberán legitimarse en los próximos años por medio de boletas secretas entre los trabajadores.

Compromisos sobre los contratos de protección

México aceptó penas en caso de no cumplir sus propias leyes laborales a condición de que se mantengan tribunales que diriman controversias Estado-Estado, como parte de la modernización del TLCAN.

El acuerdo en principio alcanzado por México y Estados Unidos incluyó un capítulo laboral, en el que se establece que un país puede llevar a otro a un tribunal (panel) de resolución de controversias si en forma reiterada viola las leyes locales en la materia afectando al otro país.

Las inquietudes sobre las disposiciones laborales del TLCAN a menudo se discuten en el contexto de las prácticas de México sobre los derechos de los trabajadores. Si bien México promulgó leyes laborales y emprendió reformas constitucionales, el desafío ha sido hacer cumplir esas leyes.

Debilidades del TLCAN

En vigor desde 1994, el TLCAN actual no tiene un capítulo laboral, sino una carta paralela en la materia, que no forma parte del texto central y, por tanto, las diferencias en esta esfera se someten a tribunales. La carta fue impulsada por el presidente Bill Clinton y los legisladores demócratas consideran que éste ha sido un tema pendiente en los últimos 25 años.

Como parte de la negociación, México acordó desarrollar «reformas paralelas» para hacer que sus leyes laborales fueran coherentes con las disposiciones laborales de la nueva versión del TLCAN en la protección de la negociación colectiva y la reforma de su sistema de administración de justicia laboral.

Las leyes de México y Estados Unidos cubren temas como el derecho a la libre asociación, el impedimento al trabajo forzado, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo, así como tener condiciones aceptables con respecto horas de trabajo, seguridad y salud en el trabajo.

“Hay un anexo que hace referencia a lo que será la ley secundaria. Se dejó plasmado que los cambios constitucionales en México van a derivar en una ley secundaria”, comentó Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negocios Internacionales.

México todavía no aprueba esa ley secundaria, lo que se espera que ocurra próximamente; en ella, se regularían aspectos relacionados con los contratos de protección.e espera que ocurra próximamente.