Estados Unidos anunció este lunes que impondrá un arancel al tomate mexicano de 20.91% a partir del próximo 14 de julio.
Esta nueva tarifa se fijará para la mayoría de las importaciones estadounidenses de tomate rojo originario de México.
De acuerdo con datos de la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones mexicanas de tomate con 1.87 millones de toneladas en 20214.
Ese volumen representó 98% de los embarques mexicanos de esa hortaliza, mientras que el 2% restante se envió a Canadá.
Arancel al tomate mexicano
“Esta medida permitirá a los productores estadounidenses de tomates competir de forma justa en el mercado”, dijo el Departamento de Comercio este lunes en un comunicado.
En 2024, México produjo 3.2 millones de toneladas de tomate y GCMA proyecta que esta producción aumentará a 3.8 millones de toneladas en 2025.
A continuación se presentan los estados de México con mayor producción de tomate en 2024, en términos porcentuales, según GMCA:
- Sinaloa: 19 por ciento.
- San Luis Potosí: 14 por ciento.
- Michoacán: 8 por ciento.
- Baja California Sur: 6 por ciento.
- Puebla: 5 por ciento.
Acuerdo de suspensión
El GCMA expresó su preocupación por la medida unilateral de Estados Unidos, al considerar que distorsiona el comercio agrícola bilateral. Destacó que el tomate mexicano ha sido fundamental para ofrecer precios accesibles y abasto continuo al consumidor estadounidense, gracias a su calidad y competitividad.
Según GCMA, la decisión del gobierno responde a presiones de productores de Florida, que acusan sin pruebas a México de prácticas de dumping, en vez de mejorar su productividad. La organización reiteró que los productores mexicanos destacan por su eficiencia, costos bajos y buena logística.
De concretarse la medida, podría afectar no solo a productores y exportadores, sino también a consumidores y cadenas comerciales en Estados Unidos que valoran el suministro continuo de tomate mexicano.
Desde 1996, las exportaciones mexicanas de tomate se rigen por acuerdos de suspensión. El más reciente, firmado en 2019, establece precios mínimos de venta y excluye a los tomates destinados al procesamiento. También incluye mecanismos de inspección y reglas para tomates orgánicos, que deben venderse 40% más caros que los convencionales.