Paul Ryan, quien controla la legislación en la Cámara de Representantes, dijo que le interesa mantener en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el arbitraje de diferencias Estado-inversor (ISDS, por su sigla en inglés).

En el Capítulo 11, que trata sobre controversias entre Inversionista-Estado, la Casa Blanca propuso un mecanismo que incluye los términos “opt-in” y “opt-out”, con los que para iniciar el levantamiento de un tribunal (panel), la parte demandada tiene la opción de someterse al caso o no. De oponerse, el proceso ni siquiera inicia. “El ISDS está en nuestro interés”, dijo Ryan.

Diversas empresas y organizaciones de Estados Unidos se han pronunciado porque haya un correcto funcionamiento del ISDS en el TLCAN 2.0 para proteger las inversiones de las empresas estadounidenses en México y Canadá; pero el gobierno y otras partes interesadas se oponen a regirse por tribunales fuera de Estados Unidos.

En lo que se ha llamado la octava ronda informal de conversaciones, Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos; Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México, y Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá retomaron este lunes las reuniones ministeriales tras haber sostenido otros encuentros bilaterales y trilaterales del 24 al 27 de abril, también en Washington, DC.

Por su parte, México y la Unión Europea acordaron en abril establecer un tribunal permanente para resolver controversias relacionadas con las inversiones que estén vinculadas exclusivamente al Tratado de Libre Comercio entre ambos (TLCUEM).

El acuerdo implementa completamente el nuevo enfoque de la Unión Europea para la protección de inversiones y la resolución de disputas de inversión, reemplazando el ISDS con el nuevo Sistema de Juicios de Inversión.

Con ello, se pretende asegurar la transparencia y el derecho de los gobiernos a regular el interés público y se sigue el mismo enfoque que adoptó la Unión Europea en sus recientes acuerdos con Canadá, Singapur y Vietnam.

Esta será la primera vez que México opere un tribunal permanente en uno de sus tratados de libre comercio.

El resultado es parte de la política de la Unión Europea de conformar tribunales fijos para cada acuerdo comercial de ese bloque de común acuerdo con su respectivo socio comercial. Su estrategia es parte de un objetivo de mayor alcance: crear un tribunal de inversión público e internacional con jueces “altamente calificados” y métodos de trabajo “transparentes”.

Un tribunal internacional de inversiones reemplazaría el conjunto actual de arreglos privados de arbitraje que figuran en miles de acuerdos comerciales bilaterales en todo el mundo, tal como ocurre ahora en las disputas sobre inversión entre México y la Unión Europea.

Para la Comisión Europea, las nuevas reglas en el TLCUEM representan otro paso importante para dar forma a la globalización y garantizar un sistema justo, basado en reglas con los más altos estándares.

El sistema de tribunales de inversión evita conflictos de intereses al impedir que los jueces también trabajen como abogados de inversiones, incluye el derecho a apelar contra los veredictos y la posibilidad de revertir las decisiones del tribunal, y hace que todos los documentos estén disponibles en línea, con audiencias web para que todos los vean.