Los tres grupos aeroportuarios que operan en México, Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), son de capital nacional mayoritario.
Por lo general, la inversión extranjera en México no puede exceder de 49% del capital de las sociedades concesionarias.
Sin embargo, de acuerdo con un informe de la Organización Mundial de Comercio (OMC), si se obtuviese la aprobación de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE), los extranjeros podrían sobrepasar ese límite e invertir incluso hasta el 100 por ciento. Actualmente esta situación no se da.
México tiene 78 aeropuertos, de los cuales 65 atienden pasajeros internacionales; en 2022 se inauguró el aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
Al igual que en 2017, los aeropuertos están operados por tres grupos aeroportuarios privados (todos de capital mexicano) y por entidades públicas.
Estas son Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), empresas paraestatales y, desde 2020, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), constituida para operar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
El AICM opera el principal aeropuerto del país, el de la Ciudad de México (CDMX).
ASUR
Además de AICM y AIFA, otras dos empresas estatales operan en el sector aeroportuario: Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México (SACM) y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). SACM presta todo tipo de servicios administrativos al AICM y al GACM.
El GACM estuvo además a cargo de construir el nuevo aeropuerto internacional de CDMX (NAICM), un proyecto iniciado en 2014 que fue abandonado en 2019, cuando se había ejecutado 30% de las obras.
En su lugar, en 2019, la base militar de Santa Lucía se convirtió en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Al abandonarse la construcción del NAICM, el gasto público en infraestructura aeroportuaria se redujo de 29,503 millones de pesos en 2018 a 2,096 millones de pesos en 2019 y 657 millones de pesos en 2020, de acuerdo con la OMC.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca, junto con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, conforman el Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM).
Los operadores aeroportuarios deben prestar servicios aeroportuarios o, en su defecto, contratarlos con terceros; en este caso, los contratos requieren el visto bueno de la AFAC.
Tarifas
En los aeropuertos gestionados por concesionarios del sector privado, las tarifas de los servicios siguen reguladas.
Para cada servicio, la SICT determina una tarifa máxima por unidad de tráfico (equivalente a 1 pasajero o 100 kg de carga), basándose en el plan de inversión del concesionario; se pueden ajustar las tarifas tras considerar los indicadores anuales de eficiencia logrados por el concesionario y la inflación.
La tarifa por uso de aeropuerto (TUA) que pagan todos los pasajeros es una de las tarifas reguladas.
Los ingresos que genera la TUA ascienden a más de la mitad de los ingresos totales de los aeropuertos y es, por tanto, un recurso importante para los concesionarios.
ASA, AICM y AIFA continúan fijando todas las tarifas de los aeropuertos que operan, pero estas deben ser aprobadas por la SHCP y registradas ante la AFAC.
Combustible
Hasta 2018, ASA era el único prestador de los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de combustible aéreo. En 2018, México liberalizó ese mercado.
Sin embargo, la IED puede ser como máximo el 49% del capital de las sociedades que suministran combustibles.
Para facilitar la apertura del mercado, durante un periodo de transición (de 2018 a 2019), ASA permitió que los nuevos entrantes contratasen capacidad disponible de su infraestructura de almacenamiento.
Para suministrar combustible aéreo se requiere un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Las autoridades indican que ASA es aún el principal proveedor. Las compañías aéreas pueden prestarse a sí mismas los servicios de asistencia en tierra o contratarlos con otra empresa, que puede ser otra compañía aérea. Para prestar esos servicios se requiere un permiso de la AFAC.
En 2020-2021, a raíz de la pandemia, las autoridades señalaron que las aerolíneas mantuvieron las condiciones comerciales (descuentos por volumen contratado) y pudieron extender el plazo para pagar el combustible, de 30 a 60 días.
Entre 2017 y 2019 el número de pasajeros internacionales que llegó a México aumentó de 44,4 a 47,9 millones; en 2020, debido a la pandemia, esta cifra disminuyó un 58,5%.
En 2021 el tráfico aéreo empezó a repuntar, pero aún no se han alcanzado los niveles previos a la pandemia.
Además, a partir de 2021 el tráfico aéreo también se ha visto afectado por la decisión de los Estados Unidos de rebajar la calificación de México en materia de normas de seguridad aérea, lo cual ha restringido el tráfico aéreo entre México y los Estados Unidos, el principal mercado.