En junio de 2013, en México se aprobó una reforma constitucional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones que ha permitido a la empresa estadounidense AT&T competir en el país con una estrategia agresiva, de acuerdo con la consultoría GSMA.
Las reformas ayudaron a la adquisición de Iusacell y Nextel por parte de AT&T a principios de 2015 (con un costo combinado de 4,400 millones de dólares), seguido de un plan de inversión en su red 4G de aproximadamente 3,000 millones de dólares para fines de 2018, lo que es un paso importante para atraer mayor competencia al mercado móvil de México.
El objetivo de AT&T es cubrir 75 millones de personas con su red 4G para fines del año 2016 (con lo cual su cobertura sería casi igual a la de Movistar y estaría unos 10 puntos porcentuales por debajo de la de Telcel), al tiempo que planifica extenderla a 100 millones para 2018.
Según GSMA, AT&T ingresó al mercado mexicano con una estrategia de precios agresiva, enfocada principalmente en el segmento pospago y orientada a la creciente clase media, combinada con la expansión de la población latinoamericana en Estados Unidos, mercado en el cual es líder.
Adicionalmente, AT&T lanzó un servicio transfronterizo integrado que permite a los clientes usar sus planes individuales de voz, SMS y datos mientras están en Estados Unidos sin costo adicional (sin cargos de roaming internacional), y llamar a quienes se encuentran en Estados Unidos usando la red de AT&T de manera gratuita.
A su vez, Telcel lanzó su plan “Sin Fronteras”, seguido de muchos otros planes, que permite a los consumidores realizar llamadas a América del Norte pagando tarifas locales y usar los servicios de voz, SMS y datos en Estados Unidos y Canadá sin cargos de roaming, todo por un costo adicional de 50 pesos (alrededor de USD 2.90), con impuestos incluidos.
Telcel también anunció planes de invertir 6,000 millones de dólares en el mercado móvil de México.
La reforma mexicana incluyó la creación de un nuevo regulador autónomo (el Instituto Federal de Telecomunicaciones -IFT) quien además de tener por objetivo el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, será también autoridad en materia de competencia económica de dichos sectores.
El IFT tiene la obligación de determinar la existencia de agentes económicos preponderantes, imponiéndoles las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y con ello a los usuarios finales.
En materia de Telecomunicaciones, el IFT determinó que América Móvil, así como sus subsidiarias concesionarias de servicios de telecomunicaciones, incluida Telcel, constituyen un agente económico preponderante, estableciendo regulaciones específicas, tales como (en el caso de Telcel), la imposibilidad de cobro por servicios de terminación móvil y de SMS, compartición de infraestructura pasiva, acceso a OMVs y prestación de servicios de roaming nacional mayorista, todas ellas con el objetivo de crear un entorno más favorable para la competencia.
La reforma constitucional estableció la eliminación de tarifas de larga distancia nacional y la creación de una red mayorista nacional (Single Wholesale Network o SWN, por sus siglas en inglés), llamada en México “Red Compartida”, para la provisión de servicios de banda ancha móvil, que estará operativa para el año 2018, empleando para ello el espectro de 700 MHz.