Australia otorga a los miembros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT, o CPTPP por su sigla en inglés) un umbral más elevado para la adquisición de participación en empresas de sectores no sensibles.

El 30 de diciembre de 2018, el CPTPP entró en vigor entre los primeros seis países que ratificaron el acuerdo, Canadá, Australia, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur. El 14 de enero de 2019, comenzó la vigencia para Vietnam.

Las propuestas de inversión extranjera se envían a la Junta de Examen de las Inversiones Extranjeras de Australia, que las analiza y formula recomendaciones al Departamento del Tesoro en los plazos establecidos.

El Departamento del Tesoro puede aprobar una propuesta, aprobarla con condiciones o rechazarla.

Asimismo, el proceso de supervisión con arreglo a la Ley de Adquisiciones de Empresas por Extranjeros de 1975 exige la aprobación previa del Gobierno para que los inversores extranjeros privados puedan adquirir una participación sustancial (más del 15%) en una empresa o asumir el control de una empresa australiana valorada en más de AUD 266 millones.

Además, todas las propuestas de entidades extranjeras de propiedad estatal que conlleven una participación directa en una entidad o empresa australiana, o cualquier inversión en tierras, deben obtener la aprobación del Gobierno de Australia.

CPTPP y ventajas

Sin embargo, en virtud de los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos de libre comercio, los inversores privados de Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Japón, México, Nueva Zelandia, República de Corea, Singapur y cualquier país en el que entre en vigor ulteriormente el CPTPP, disponen de un umbral más elevado para la adquisición de participación en empresas de sectores no sensibles (AUD 1,154 millones) y sensibles (AUD 266 millones).

Los sectores sensibles son los medios de comunicación, las telecomunicaciones, el transporte, las industrias y actividades relacionadas con la defensa y el ejército, las tecnologías de encriptación y seguridad y sistemas de comunicaciones, la extracción de uranio o plutonio, y la explotación de instalaciones nucleares.

IED

En cuanto a la inversión extranjera en tierras y empresas agrícolas, el Gobierno evalúa las solicitudes con arreglo a los siguientes criterios: la calidad y la disponibilidad de recursos agrícolas en Australia, incluida el agua; el acceso a la tierra y su uso; la producción y la productividad agrícolas; la capacidad del país para mantenerse como proveedor fiable de productos agrícolas; la biodiversidad; y el empleo y la prosperidad en las comunidades locales y regionales de Australia.

Según las autoridades, el umbral de supervisión de las inversiones en agroindustria es de AUD 1,154 millones para los inversores de Chile, los Estados Unidos y Nueva Zelandia, y de AUD 58 millones para todos los demás inversores. En el caso de las compras de tierras agrícolas por extranjeros, en marzo de 2015 se redujo el umbral de supervisión de AUD 252 millones a AUD 15 millones.

En el tercer y último informe del registro de las tierras agrícolas, publicado en diciembre de 2018, se indica que los inversores extranjeros poseen actualmente el 13,4% de las tierras agrícolas de Australia (en superficie).

El CPTPP reduce y elimina las barreras arancelarias y no arancelarias en bienes, servicios y agricultura. Establece reglas y disciplinas comerciales que ampliaron los compromisos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y abordaron nuevas cuestiones.

Incluye 30 capítulos, con disciplinas tradicionales como: comercio de bienes, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, servicios, inversión, entre otros, así como temas de siguiente generación como: disciplinas para empresas propiedad del Estado, comercio y trabajo, comercio y medio ambiente, propiedad intelectual, coherencia regulatoria, tratamiento a Pymes, y comercio electrónico.

Malasia está haciendo una evaluación general sobre el CPTPP, mientras que el Senado de Chile ha retrasado su proceso de ratificación en un contexto en el que los chilenos han manifestado su descontento con el statu quo a través de repetidos cambios electorales y movilizaciones masivas.