El uso comercial de las bandas de frecuencias del espectro en México requiere una concesión que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) licita y adjudica por un periodo (renovable) de 20 años.

Por lo general, las bandas se licitan para prestar el servicio en todo el territorio, pero en algunos casos se pueden licitar para ofrecer servicios por una región o localidad.

De acuerdo con el gobierno mexicano, todos los operadores pueden participar en las licitaciones, excepto el agente económico preponderante (AEP), que precisa autorización del IFT.

Los operadores, al otorgarles (y renovarles) la concesión, pagan una contraprestación, cuyo monto fija el IFT, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).

Asimismo, los concesionarios pagan los derechos anuales que determine el Congreso según lo proponga la SHCP.

Según el IFT, el uso del espectro en México tiene un alto costo; los derechos anuales representan 80% del costo total.

Bandas de frecuencias

En 2021, el Congreso de México aumentó el monto de los derechos anuales para varias bandas de frecuencia e introdujo derechos anuales para bandas que estaban exentas.

El IFT considera que este aumento podría impedir las inversiones; desincentivar la participación de los actuales operadores en los procesos de licitación y crear barreras de entrada para nuevos participantes, lo cual podría repercutir en las tarifas para los usuarios finales y acelerar el proceso de devolución del espectro que se inició en 2019.

Según las autoridades, el proceso de devolución del espectro supondrá una pérdida anual de ingresos de 4,500 millones de pesos.

En 2021, el IFT licitó bloques de frecuencias, pero varios de estos quedaron desiertos; como consecuencia el Instituto presentó una propuesta para que se modifique el monto de los derechos anuales.

Durante los últimos cuatro años, el principal cambio relacionado con la interconexión de redes fue la eliminación de la “tarifa cero”, una medida de regulación asimétrica impuesta por el IFT a América Móvil, según la cual este no podía cobrar tarifas de terminación a sus competidores.

La “tarifa cero” se eliminó el 1 de enero de 2018 para el servicio móvil y el 1 de enero de 2019 para el servicio fijo.

Desde esa fecha América Móvil puede cobrar tarifas de terminación, que están reguladas por el IFT.

El resto de los operadores acuerdan libremente las condiciones para interconectar sus redes, incluidas las tarifas.