Más de 90 filiales de empresas españolas operan en Estados Unidos, incluidas BBVA, OHL y Banco Santander, por ejemplo.
A su vez, aproximadamente 1,100 subsidiarias y sucursales de firmas estadounidenses operan España, entre ellas Apple, General Electric, General Motors, Ford y AT&T, de acuerdo con un análisis del Congreso estadounidense.
La crisis financiera mundial y la recesión de 2008-2009 afectaron especialmente a España. La crisis ha tenido un impacto duradero en la economía española, y los desafíos económicos del país han sido un tema central en la última década. Aunque las condiciones económicas de España siguen siendo difíciles, ha habido signos de una mejora considerable en los últimos tres o cuatro años. España es la decimocuarta economía más grande del mundo y la 4ª economía más grande de la zona euro.
En 2016, las filiales de Estados Unidos emplearon a más de 181.500 personas en España y las de España dieron trabajo a más de 83,000 personas en Estados Unidos.
La relación económica entre Estados Unidos y España es amplia y mutuamente beneficiosa. En 2016, la inversión extranjera directa (IED) de Estados Unidos en España fue de 37,400 millones de dólares y la IED española en Estados Unidos fue de 68,200 millones de dólares.
La IED de España en los Estados Unidos ha aumentado todos los años desde 2002, y el valor de los activos españoles invertidos en Estados Unidos se ha multiplicado casi por cinco en la última década.
En 2017, las exportaciones de bienes de Estados Unidos a España totalizaron más de 11,000 millones de dólares, y las importaciones de bienes de Estados Unidos originarias de España totalizaron 15,660 millones de dólares.
Las exportaciones de servicios de Estados Unidos a España fueron de 6,800 millones de dólares en 2016, y las importaciones de servicios de Estados Unidos procedentes de España fueron de 6,300 millones de dólares.
En 2013, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la firma de un nuevo protocolo para enmendar el tratado fiscal bilateral entre Estados Unidos y España de 1990.
Los analistas afirman que el protocolo modernizará el acuerdo y lo hará más similar a los tratados de Estados Unidos con otros países europeos en términos de evitar la doble imposición y evitar la evasión fiscal.
