Los flujos mundiales de inversión extranjera directa (IED) disminuyeron en 2018 por tercer año consecutivo: representaron 1.3 billones de dólares, un descenso de 13%, a tasa anual.

Fue un valor similar al que se había registrado en 2010, primer año de recuperación tras la crisis financiera mundial de 2008, informó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés).

Varios factores concurrieron en este resultado negativo. Un primer elemento que influyó sensiblemente en los flujos de Inversión Extranjera Directa fue la reforma tributaria de los Estados Unidos en diciembre de 2017.

Numerosas transnacionales estadounidenses repatriaron grandes cantidades de utilidades acumuladas, aprovechando los beneficios que ofrecía la reforma. Esto generó una fuerte disminución de los flujos de entrada de IED en Europa, que cayeron un 55% y que en algunos países llegaron a ser negativos (por ejemplo, en Irlanda, Luxemburgo y Suiza).

El impacto de la reforma fue más acentuado en el primer semestre de 2018 (los flujos mundiales de IED cayeron un 40% con respecto al primer semestre de 2017); si bien los cambios introducidos a través de la nueva normativa son de carácter permanente, es muy probable que esta tenga una influencia menor en 2019.

Inversión Extranjera Directa, otras afectaciones

Un segundo elemento que hay que tomar en consideración es el escenario internacional, que parece caracterizarse cada vez más por una alternancia de compromisos y tensiones.

En particular, las disputas comerciales entre los Estados Unidos y China han generado un clima de incertidumbre a lo largo de 2018 que paulatinamente se ha ido transformando en expectativas, por parte de las empresas transnacionales, de un conflicto prolongado que va más allá de los esfuerzos de los países de reequilibrar su balance de pago o promover sectores nacionales afectados por la competencia internacional.

Efectivamente, en 2019 estas expectativas se han confirmado, con la implementación por parte de los Estados Unidos de aranceles sobre una lista de productos de China que ascienden a 200,000 millones de dólares y la respuesta del país asiático, que decidió incrementar del 10% al 25% los gravámenes que ya existían sobre un conjunto de productos estadounidenses y que suman 60,000 millones de dólares.

A esto hay que sumar las restricciones impuestas por los Estados Unidos a las empresas de su país en cuanto a la colaboración con empresas de China en aspectos relacionados con componentes o programas informáticos y el anuncio del Ministerio de Comercio de China de que creará su propia lista de “entidades no confiables”, que afectaría a empresas extranjeras que puedan perjudicar a la seguridad nacional del país, que no respeten sus obligaciones contractuales hacia empresas chinas o que tomen medidas para discriminarlas. Estas acciones ponen de manifiesto la amplitud del conflicto, que incluye aspectos tecnológicos y de seguridad nacional.