Canadá ha mantenido su posición de que se mantengan los tribunales (paneles) de resolución de controversias Inversionista-Estado en la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de acuerdo con fuentes al tanto.

Respecto al Capítulo 11 del TLCAN, que trata sobre controversias entre Inversionista-Estado y en el que la Casa Blanca pidió un mecanismo que incluye los términos “opt-in” y “opt-out”, con los que para iniciar el levantamiento de un tribunal, la parte demandada tendría la opción de someterse al caso o no, según la propuesta estadounidense. De oponerse, el proceso ni siquiera inicia.

En la práctica, la Administración del presidente Donald Trump está a favor de eliminar el mecanismo de solución de controversias Inversionista-Estado (ISDS, por su sigla en inglés) en el capítulo de inversiones del pacto comercial.

El TLCAN fue el primer tratado de libre comercio de Estados Unidos en incluir un capítulo de inversiones, modelado a partir de los tratados bilaterales de inversión de los Estados Unidos.

El ISDS es una forma de arbitraje vinculante que permite a los inversores privados presentar reclamaciones contra naciones soberanas por presuntas violaciones de las disposiciones de inversión en los acuerdos comerciales.

Estados Unidos ha propuesto limitar la elegibilidad a las reclamaciones relacionadas con la expropiación directa.

Los denunciantes ya no podrían con ello solicitar el arbitraje por expropiación indirecta, promulgación de leyes o reglamentos que comprometan el valor de la inversión.

Dado el supuesto deseo de Estados Unidos de optar por el ISDS, los negociadores canadienses habrían propuesto eliminar las disposiciones ISDS por completo o mantenerlas solo con México si los Estados Unidos optaran por excluirse.

La comunidad empresarial estadounidense se opone firmemente a las propuestas estadounidenses de reducir o eliminar las disposiciones del ISDS, mientras que los grupos laborales y de la sociedad civil de Estados Unidos han acogido con satisfacción el enfoque más escéptico de la Administración Trump sobre el ISDS.

La Ley de Autoridad de Promoción Comercial (TPA, en inglés, o fasta track) de 2015 exigía «proporcionar procedimientos significativos para resolver disputas de inversiones», lo que puede afectar la consideración por parte del Congreso de un acuerdo.