De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC), 2.3% del comercio marítimo mundial transita por el Canal de Panamá.

El uso del Canal está sujeto a un peaje, cuya tarifa se fija según el tipo de buque y de esclusas utilizadas, la capacidad máxima del buque y el volumen de la carga.

Desde 2016, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) implementa un programa para promover la lealtad de las navieras y aumentar el volumen de carga transportado, mediante el uso de tarifas de peaje preferenciales según el volumen.

Además del peaje, desde 2020 se cobra una carga por el uso del agua dulce.

Esta carga está compuesta por un componente fijo (PAB 10.000) y uno variable, consistente en un porcentaje de entre 1 y 10% del valor del peaje, determinado según la disponibilidad del agua en el momento del tránsito.

Cuanto más alto es el nivel del agua al momento de pasar, menor es el porcentaje que se cobra y viceversa.

Sin embargo, las navieras pueden reservar el día y la hora de tránsito, sujetándose al pago de una tarifa de reserva (fijada según el tipo de buque y de esclusa).

También en 2020 se introdujo un gravamen que se cobra al registrar el itinerario de tránsito del buque, cuyo monto (PAB 1.500 o PAB 5.000) depende del tamaño del buque.

Canal de Panamá

La ACP regula las tarifas de los servicios marítimos auxiliares.

Durante los últimos años, el Canal de Panamá fue ampliado; las obras terminaron en 2016 y permiten un mayor volumen de tránsito y, por tanto, mayores ingresos.

Luego de un periodo de incremento en el tráfico, en la primera parte de 2020, las operaciones del Canal cayeron 10.2% a raíz de la desaceleración de los flujos comerciales como consecuencia de la pandemia.

En particular, disminuyeron los movimientos de pasajeros (cancelación de la temporada de cruceros), de buques Ro/Ro (cierre de las fábricas en Asia) y de productos refrigerados, petróleo y productos derivados del petróleo (menor demanda mundial).

El tránsito por el Canal empezó a repuntar a partir de octubre de 2020.

Regulaciones

La ACP, un ente público, regula las operaciones del Canal.

Desde 2014, algunos de los reglamentos emitidos por la ACP se han modificado, como por ejemplo el Reglamento de Contrataciones.

En 2019, la ACP emitió un nuevo reglamento a fin de regular el proceso para otorgar concesiones dentro de los recintos portuarios y las áreas que administra y opera.

Por medio de una concesión, los entes privados pueden ejercer una actividad comercial o industrial, así como prestar servicios a la ACP o a terceros; se puede otorgar al concesionario la exclusividad por un plazo máximo de 10 años.

Por lo general, la concesión se otorga por 20 años, aunque este plazo puede ser más corto o más largo (de hasta 40 años) dependiendo del tipo de inversión, el tiempo de recuperación de la misma, su impacto económico o su potencial de generación de empleo.

Las concesiones pueden renovarse por un plazo igual, pero una sola vez.

Ingresos

Según la Constitución de Panamá, la ACP debe trasferir al Estado los excedentes económicos generados por la actividad del Canal, una vez esta cubra los costos de operación e inversión del Canal, y se constituyan las reservas necesarias para afrontar situaciones extraordinarias.

Entre 2014 y 2020, el monto que la ACP transfirió al Tesoro Nacional aumentó de PAB 1.028 millones a PAB 1.827 millones, lo cual equivale al 52.9 y a 75,1% del total de los ingresos no tributarios percibidos por el Estado, de acuerdo con datos de la OMC.

La ACP también paga al Estado una tasa por servicios públicos y un derecho por cada tonelada neta de mercancía que es transportada por el Canal. Si las contribuciones de la ACP superan un determinado porcentaje del PIB (el 2,25% desde 2020209), el excedente se deposita en el Fondo de Ahorro de Panamá.

Asimismo, siempre según la OMC, las transferencias del ACP al Tesoro en 2020 representaron 3.5% del PIB si se considera solo las contribuciones directas, pero si se toman en cuenta las demás contribuciones (pagos del Impuesto sobre la renta y aportes al seguro social y al seguro educativo; compras de bienes y servicios locales; y salarios netos), la ACP generó 5.2% de los ingresos del país en 2020.