Iniciado en octubre de 2008, el caso de resolución de controversias sobre el comercio de atún entre México y Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio (OMC) concluirá en forma definitiva en unos seis meses, con lo que habrá durado ocho años y medio, siendo el litigio bilateral más largo ante esa instancia.

En el fondo, lo que pelea México es que se le permita usar el sello Dolphin safe en el mercado estadounidense, para que con ello puedan venderse las latas de atún producidas en México en las tiendas de cadenas minoristas de Estados Unidos.

Si en seis meses, la OMC ratifica el fallo que emitió el jueves pasado, las empresas establecidas en México seguirán impedidas a usar en la práctica el etiquetado Dolphin safe; pero si se revierte el veredicto, por la apelación que hará próximamente la Secretaría de Economía, se le tendrá que permitir a esas compañías el uso del sello, de lo contrario dará derecho a uso de represalias contra productos estadounidenses.

Hasta ahora, México tiene derecho a poner represalias a Estados Unidos porque éste perdió un panel que determinó que las normas aplicadas por el gobierno estadounidense en 2013 discriminaban las importaciones de atún originarias de México.

Esas medidas de retorsión las puede aplicar México, desde mayo pasado y hasta que se dé el fallo final del litigio. Si pierde éste, tendría que suspender las represalias; pero si revierte el fallo preliminar, tendrá derecho a seguir imponiéndolas hasta que Estados Unidos deje de discriminarlo en este caso.

El fallo final tiene que ver sobre nuevas medidas que puso en vigor Estados Unidos sobre el comercio del atún en 2016, una vez que perdió el primer panel contra México.

“México ha acreditado medidas de sustentabilidad en la pesca del atún ante organismos internacionales”, comentó Francisco de Rosenzweig, socio de la firma White & Case, quien dijo tener plena seguridad de que el fallo será revertido a favor de México.

Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior, argumentó que México ha sido discriminado porque la ley de Estados Unidos establece que sólo se puede acceder al sello Dolphin safe si tiene un cierto método de pesca, que no es el de “cerco”, empleado por los empresarios atuneros mexicanos, aun cuando han tomado mayores medidas de protección frente a sus pares de países como Ecuador, Tailandia o España.

De conformidad con las normas de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), los armadores atuneros de México utilizan buzos para sacar a delfines que se llegaban a quedar atrapados y están obligados a llevar observadores independientes para verificar maniobras de protección al cetáceo.

“La flota atunera mexicana tiene que tener obligatoriamente un observador externo, mientras que la flota de otros países, con que el capitán del barco firme una hojita diciendo que no se mataron delfines, con eso es suficiente. La carga de la prueba en la flota mexicana es mucho mayor que en las demás”, cuestionó Baker.

La OMC permitió a México imponer represalias desde mayo pasado contra Estados Unidos por 163.13 millones de dólares anuales.

“No estamos utilizando esta represalia para vengarnos o para tener otro tipo de beneficios u otro tipo de decisiones en el corto plazo. La represalia es parte de una estrategia más amplia, que incluye cabildeo en el Congreso de Estados Unidos y una serie de acciones legislativas que deben suceder para que entonces el objetivo último se cumpla, que es tener el acceso a mercado.

“Entonces, esto es parte de una estrategia que se está desarrollando ahora, y en el momento en que sea adecuado, es hacer la represalia para que se obtenga este objetivo, así lo vamos a hacer”, dijo Baker.