Las autoridades peruanas están llevando a cabo actualmente varias investigaciones de corrupción de alto perfil que han retrasado seis proyectos de infraestructura en Perú.

Los casos están relacionados con actividades de ciertas empresas brasileñas en el sector de la construcción y han resultado en la suspensión o demora de importantes proyectos de infraestructura, que de otra manera estarían operativos y permitidos.

Por ejemplo, de los siguientes seis proyectos clave, Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Sur Tramo 2 y 3, Chavimochic III, IIRSA Norte, Vías Nuevas de Lima y Obras de Trasvase de Proyecto Olmos, que colectivamente representaron el 5.0% del PIB en 2016 , Gasoducto ha sido suspendido, Olmos ha reanudado sus operaciones y los otros proyectos permanecen operativos, aunque el retraso general relacionado con dichos proyectos ha resultado, no obstante, en una caída en el crecimiento del PIB y la inversión general en infraestructura.

El gobierno peruano se ha esforzado por acelerar la concesión de licencias de estos proyectos estancados.

Por ejemplo, solicitó que Odebrecht, una destacada empresa constructora brasileña que se adjudicó el contrato Obras de Trasvase del Proyecto Olmos y luego fue declarada culpable de sobornar a funcionarios del gobierno, vendiera sus acciones en el proyecto.

Además, el gobierno ha autorizado la subasta de Gasoducto Sur Peruano, que podría finalizar a fin de año.

También el gobierno está adoptando legislación que tiene como objetivo proteger a los nuevos inversores y está revisando el lenguaje de los contratos de infraestructura del gobierno para incluir cláusulas anticorrupción obligatorias.

Proyectos de infraestructura

En febrero de 2017, el gobierno peruano emitió el Decreto de Urgencia N ° 003-2017 en un esfuerzo por aprobar medidas que aseguren la continuidad de las obras de infraestructura y que los funcionarios del gobierno sean cautelosos al realizar los pagos respecto de proyectos paralizados.

Además, el 25 de marzo de 2019 la Fiscalía Especial de Perú por las investigaciones relacionadas con Lava Jato entregó al Poder Judicial el convenio de colaboración efectiva suscrito con Odebrecht.

Este convenio permitirá la entrega de pruebas y testimonios para las investigaciones de cuatro casos en los que Odebrecht admite actos de cohecho de funcionarios peruanos.

Asimismo, el convenio también establece el pago de la indemnización civil a favor del Perú, la cual se estimó en aproximadamente 225.1 millones de dólares, incluidos los intereses devengados.