China informó que impondrá nuevos aranceles sobre productos importados de Estados Unidos por valor de 60,000 millones de dólares, en respuesta a las medidas restrictivas que ha impuesto o planea fijar la administración del presidente Donald Trump.

El Ministerio de Comercio de China comunicó este viernes que esta decisión se tomó en respuesta a la amenaza de aumentar de 10 a 25% la tasa de aranceles a importaciones estadounidenses de productos chinos por has 200,000 millones de dólares.

El gobierno chino no especificó sobre qué serían afectados con el alza de impuestos a la importación.

En 2017, las exportaciones de productos de Estados Unidos a China sumaron 130,000 millones de dólares, mientras que sus importaciones desde ese país asiático fueron por 526,000 millones de dólares, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio estadounidense.

A principios de julio, Estados Unidos publicó una lista de productos importados de China por 200,000 millones de dólares anuales a los que les impondría un arancel de 10%, como resultado de las represalias comerciales establecidas por el gobierno del presidente chino.

Estados Unidos autorizó ya un alza de aranceles a importaciones de productos chinos por 50,000 millones de dólares. Los correspondientes a 36,000 millones ya están vigentes y los restantes 14,000 están próximos a ponerse en vigor.

Desde la perspectiva de Estados Unidos, hay muchas tensiones comerciales por la transición incompleta de China a una economía de mercado libre. Si bien China ha liberalizado significativamente sus regímenes económicos y comerciales en el últimas tres décadas, sigue manteniendo (o recientemente ha impuesto) una serie de políticas dirigidas por el Estado que parecen distorsionar los flujos comerciales y de inversión.

Las principales áreas de preocupación de los legisladores estadounidenses y grupos de interés incluyen el presunto espionaje económico cibernético generalizado de China contra las empresas de Estados Unidos; mecanismos relativamente ineficaces para hacer valer los derechos de propiedad intelectual; políticas de innovación discriminatorias; y un amplio uso de políticas industriales (como los subsidios y las barreras comerciales y de inversión) para promover y proteger las industrias.