México y Estados Unidos cerraron las negociaciones del capítulo de Medio Ambiente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informó Kenneth Smith, jefe negociador de esta acuerdo comercial de la Secretaría de Economía.
El TLCAN fue el primer tratado de libre comercio de Estados Unidos en incluir un acuerdo paralelo relacionado con el medio ambiente.
Al igual que con el capítulo sobre los derechos de los trabajadores, las disposiciones ambientales en los tratado de libre comercio de Estados Unidos han evolucionado con el tiempo.
El acuerdo paralelo del TLCAN -el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN)- requiere que todas las partes apliquen sus propias leyes ambientales y contiene un mecanismo de aplicación ante la falta de cumplimiento de estas leyes por parte de una de las partes.
El ACAAN incluye un mecanismo de consulta para abordar las disputas con un procedimiento especial de solución de controversias. Siete tratado de libre comercio de Estados Unidos posteriores, negociados en virtud de la Autoridad de Promoción Comercial de 2002, incluyeron un capítulo ambiental similar dentro del texto principal del acuerdo.
Según el Congreso estadounidense, la agenda de negociación del TLCAN del Presidente rastrea en gran medida los tratados de libre comercio recientes (Corea del Sur, Panamá, Perú y Colombia), el TPA 2015 y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés, del cual Estados Unidos se salió.
El nuevo capítulo busca exigir a las partes del TLCAN que adopten y mantengan estatutos y reglamentos consistentes con los acuerdos ambientales multilaterales en los que cada uno es parte; no dejar de aplicar de manera efectiva sus leyes ambientales a través de un curso de acción sostenido o recurrente en un asunto que afecte el comercio o la inversión entre las partes; y no renunciar ni derogar sus leyes ambientales para fomentar el comercio o la inversión.
Las partes del TLCAN también pueden buscar disposiciones para combatir el comercio de especies en peligro; combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; prohibir las subvenciones a la pesca, y apoyar la formulación de políticas inclusivas y transparentes en el futuro a través de normas que requieren la publicación de leyes y reglamentos, y facilitar el aporte del público al proceso.
