Una coalición de 46 grupos empresariales instó al presidente Donald Trump a trabajar con socios que tengan ideas afines a Estados Unidos para presionar a China a cambiar prácticas que violan los derechos de propiedad intelectual y obligan a las empresas a transferir tecnología, al tiempo que rechazó que la solución sea la imposición unilateral de aranceles.

El exhorto fue hecho a través de una carta enviada al Mandatario el domingo, mientras se espera que el gobierno de Estados Unidos imponga esta semana aranceles a las importaciones de productos chinos por un valor anual de entre 30,000 y 60,000 millones de dólares como castigo por el presunto robo de propiedad intelectual.

Entre los grupos firmantes están: American Apparel & Footwear Association, Consumer Technology Association, Grocery Manufacturers Association, Home Furnishings Association, National Foreign Trade Council, National Retail Federation, The Toy Association, U.S. Chamber of Commerce y Wine and Spirits Shippers Association.

El 18 de agosto, la Representación Comercial de la Casa Blanca anunció el comienzo de un caso de la Sección 301 contra China, el primer uso de ese recurso desde 2010. En última instancia, podría ser el caso de comercio más significativo lanzado por la Representación Comercial, dada la magnitud de pérdidas comerciales derivadas del robo de derechos de propiedad intelectual en China.

Como representantes de la comunidad empresarial de Estados Unidos, expusieron que tienen “serias preocupaciones” con respecto a las políticas y prácticas comerciales de China, incluidas las barreras de acceso al mercado y políticas de inversión, transferencia de tecnología, localización de datos, políticas y prácticas que impiden establecer términos en licencias basados ​​en el mercado y negociaciones relacionadas con la tecnología y el robo de secretos comerciales y otras propiedades intelectuales.

“Estos problemas persistentes ponen en peligro la competitividad, la innovación, la productividad y la ciberseguridad globales de los Estados Unidos. Reconocemos el examen del Gobierno de los Estados Unidos de estos problemas a través del proceso 301 y apoyamos un esfuerzo para abordar las prácticas discriminatorias de China.

“Sin embargo, instamos a la Administración a tomar medidas medibles y comercialmente significativas que concuerden con las obligaciones internacionales que benefician a los exportadores, importadores e inversionistas estadounidenses, en lugar de penalizar al consumidor estadounidense y poner en peligro los avances recientes en la competitividad estadounidense”, cuestionaron.

La coalición advirtió que la imposición de aranceles radicales provocaría una reacción en cadena de consecuencias negativas para la economía estadounidense, al provocar represalias; afectar las exportaciones de productos agrícolas, bienes y servicios de Estados Unidos, y aumentar los costos para las empresas y los consumidores.

“La Administración no debe responder a las prácticas y políticas injustas de China mediante la imposición de aranceles u otras medidas que perjudiquen a las empresas, los trabajadores, los agricultores, los ganaderos, los consumidores y los inversionistas de EE. UU.”, dijeron.