¿Cuál será el costo de las elecciones por la reforma judicial en México? ¿Cuántos cargos se elegirán?
Un informe del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refiere como un punto de comparación las pasadas elecciones federales en México.
Según la organización civil Laboratorio Electoral, el presupuesto electoral para 2024 es de 60,451 millones 351,931 pesos.
Costo de las elecciones
En el proceso electoral de 2024 se disputaron poco más de 19,000 cargos de elección popular.
En el caso de la elección del poder judicial nacional, habría que elegir alrededor de 7,000 cargos de un universo de más de 40,000 candidatos.
El CEC agrega que el costo del proceso sería aproximadamente la mitad del costo de las elecciones federales.
La reforma judicial en México
El 15 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial.
Esta reforma prevé la elección por voto popular de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Magistrados de Tribunales de Circuito, Jueces del Distrito Federal e integrantes de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
A excepción de la Corte Suprema, que se renovará completamente en 2025, la mitad de los jueces federales se renovará en la elección de junio de 2025. La otra mitad se renovará en la elección de junio de 2027.
Los candidatos deberán tener conocimientos técnicos jurídicos, y ser reconocidos por su honestidad, reputación, competencia, trayectoria académica y profesional. Se prohibiría el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la publicidad pública.
Los partidos políticos también tendrían prohibido realizar actos de promoción a favor o en contra de cualquier candidato.
Ley de amparo
El 14 de junio de 2024, se publicó en el DOF un decreto que reforma la Ley de Amparo. Esta ley reglamenta los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la reforma, se limitan los efectos de las resoluciones del juicio de amparo en casos de inconstitucionalidad de normas generales. De este modo, la suspensión de la norma solo beneficiará a la parte que promovió el amparo.