El mundo tendrá hasta 163 millones personas más en pobreza extrema en 2021, según proyecciones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
A nivel global, la pandemia de Covid-19 ha causado estragos en las economías nacionales y ha afectado con mayor dureza a la economía informal y a cientos de millones de empresas en todo el mundo.
En particular, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC), las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) están expuestas al impacto económico de la pandemia debido a su tamaño y su prevalencia en los sectores económicos más afectados por la pandemia, como los servicios de alojamiento y alimentación, los sectores cultural y creativo, y los servicios mayoristas y minoristas.
“Las nefastas consecuencias económicas de la pandemia nos obligan a abordar las necesidades de protección del consumidor, especialmente donde las personas están más expuestas y en mayor riesgo”, dijo Isabelle Durant, secretaria general interina de la UNCTAD.
Además de sus niveles de mortandad y daño en la salud, según un informe de la UNCTAD, la pandemia empujó a entre 119 y 124 millones de personas a la pobreza extrema en 2020, y se espera que sigan entre 143 y 163 millones de personas adicionales en 2021.
Solo 43% de las personas en África subsahariana tienen acceso a electricidad limpia y moderna, aproximadamente la mitad de la tasa global de electrificación de 89% en 2017, según el Banco Mundial.
Pobreza extrema
“En el último año hemos sido testigos de una ola de solidaridad global entre los gobiernos para proteger a los consumidores de volverse cada vez más vulnerables”, dijo Teresa Moreira, jefa de políticas de competencia y consumo de la UNCTAD.
Evidentemente, cuanto más se prolongue la pandemia, y los gobiernos tengan que continuar con medidas como el bloqueo y la cuarentena, las economías nacionales y mundiales seguirán sufriendo, con muchos más millones empujados a la pobreza y la pobreza extrema.
Las medidas de apoyo del gobierno incluyen asistencia financiera a hogares vulnerables para pagar sus facturas de servicios públicos y moratorias para que los proveedores recuperen las deudas de los consumidores desfavorecidos.
También las autoridades han prohibido la desconexión del suministro de electricidad, gas y agua a los más necesitados.
Las agencias de protección al consumidor han renovado sus campañas de información y educación para promover el uso eficiente de los servicios públicos. También han mejorado el acceso a la resolución de disputas y los mecanismos de reparación para resolver los reclamos de los consumidores más rápidamente.
