El soborno y la corrupción son un problema significativo en México, destaca un informe del gobierno del Reino Unido.
Para empezar, México ocupa el puesto 124 entre 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, mejorando 11 lugares desde 2017, a pesar del aumento de los escándalos y las críticas recientes sobre los niveles de impunidad y el uso político de las investigaciones anticorrupción.
La clasificación sigue siendo motivo de gran preocupación, ya que coloca a México junto a países como Gabón y Pakistán.
Actualmente hay 15 exgobernadores bajo investigación en México, uno en la cárcel y otros exfuncionarios públicos de alto nivel están siendo procesados.
Durante la pandemia de Covid-19, indica el informe, el gobierno mexicano ha aumentado la contratación opaca de una sola fuente en la contratación pública a niveles récord (estimaciones no oficiales sitúan la cifra entre 70 y 80%) utilizando la lógica de seguridad nacional para evitar que se investiguen los detalles y desplegando a las fuerzas armadas para llevar a cabo proyectos clave de infraestructura.
A pesar de ello, se están fortaleciendo los lineamientos de licitación y las plataformas de contratación pública para reducir el riesgo de corrupción en la adjudicación de contratos.
Sin embargo, agrega el documento, esto a su vez puede llevar a que gane la oferta más baja sin tener en cuenta la calidad, y todavía hay una serie de lagunas que muchos aprovechan.
Numerosas empresas británicas reportan operaciones comerciales exitosas en México que están libres de prácticas corruptas, o que han logrado encontrar formas de evitar que esto les impida hacer negocios.
Soborno
México es signatario del Acuerdo Global Anticorrupción de Londres de 2016.
Asimismo, México ha modernizado su legislación contra la corrupción, más recientemente con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque ha habido retrocesos en su implementación.
Las leyes anticorrupción de México, con similitudes con la Ley contra el soborno del Reino Unido de 2010, comenzaron a implementarse en julio de 2017.
Hay un organismo independiente en México con la autoridad para coordinar los esfuerzos intergubernamentales contra la corrupción.
Las nuevas leyes otorgan a la Auditoría Superior de la Federación las facultades para realizar auditorías en «tiempo real» y monitorear los recursos que se transfieren del gobierno federal a los estados mexicanos.
También se está fortaleciendo la Secretaría de la Función Pública y el Tribunal de Justicia Administrativa; estos últimos tendrán derecho a sancionar tanto a los funcionarios públicos como a las empresas involucradas en actos de corrupción.
Se están creando protocolos anti-soborno y todos los servidores públicos están obligados a declarar sus bienes e intereses, aunque estos no se harán públicos.
Además, se requerirá que las empresas cuenten con mecanismos de responsabilidad corporativa.
México ocupó el puesto 116 de 141 países en la Incidencia de la Corrupción del Informe de Competitividad Global WEF 2019 (mejorando con respecto a la edición anterior).
