El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prohíbe la aplicación de derechos aduaneros y otras medidas discriminatorias a productos digitales distribuidos en forma electrónica, como libros, videos, música, software y juegos.

En general, el T-MEC está compuesto por 34 capítulos y 12 cartas paralelas, conserva la mayoría de los capítulos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), realizando cambios notables en las disposiciones de acceso al mercado para autos y productos agrícolas, y en normas como la inversión, la contratación pública y los derechos de propiedad intelectual.

El T-MEC promueve la colaboración en las medidas para hacer frente a los retos de ciberseguridad y, al mismo tiempo, procura promover las mejores prácticas del sector para mantener seguras las redes y los servicios.

También fomentar el acceso abierto a datos públicos generados por el gobierno, a fin de incrementar el uso innovador en aplicaciones y servicios comerciales.

Otra de sus cláusulas garantiza que se apliquen al mercado digital garantías exigibles de defensa del consumidor, incluso en materia de privacidad y comunicaciones no solicitadas.

El T-MEC asegura que no se restrinja el uso, por parte de los proveedores, de la autenticación electrónica o las firmas electrónicas, a fin de facilitar las transacciones digitales.

Además, limita la capacidad del gobierno de exigir la divulgación de códigos fuente y algoritmos de propiedad exclusiva, a fin de proteger en mayor medida la competitividad de los proveedores digitales.

EU tiene ventajas con el T-MEC

La Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés) considera que el dará ventajas a las empresas de Estados Unidos en el comercio digital frente a los competidores de sus dos vecinos.

El T-MEC asegura que se puedan transferir datos de manera transnacional y que se reduzcan al mínimo las restricciones con respecto a dónde se pueden almacenar y tratar los datos, a fin de reforzar y proteger así el ecosistema digital global.

Finalmente, limita la responsabilidad civil de las plataformas de Internet para contenidos de terceros que estas alojen o procesen, fuera del ámbito de las medidas de cumplimiento de la propiedad intelectual, y aumenta así la viabilidad económica de estos motores que dependen de la interacción y los contenidos de los usuarios.