La Asociación de Programadores de Televisión (TAP, por su sigla en inglés) de América Latina solicitó reglas más equitativas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) renegociado.

En México, argumentó, el mercado de la televisión de paga, en el que la ley federal permite el 100% de inversión extranjera y que es la salida principal para los programadores extranjeros, continúa sujeto a restricciones publicitarias más estrictas frente a la televisión abierta, donde sólo el 49% de la inversión está permitida y es suministrada principalmente por los operadores nacionales.

Las empresas integrantes de la TAP son: A&E Networks/Sony Pictures/, AMC Networks International Latin America, Discovery Communications, NBC/Universal/Telemundo, Fox Network Channels, Turner Broadcasting System Latin America, The Walt Disney Company/ESPN y Viacom International Media Networks.

En conjunto, estas compañías comprenden más del 90% de toda la programación internacional que reciben vía cable y satélite decenas de millones de suscriptores de la TV Paga en América Latina, ofreciéndoles acceso a más de 120 canales y a decenas de aplicaciones Over-The-Top (OTT).

Los programadores estadounidenses que exportan propiedad intelectual a México dependen en gran medida de la publicidad de sus ingresos operativos y de los rendimientos de la inversión.

Según la TAP, el total de la programación de televisión estadounidense y otras exportaciones audiovisuales a México se valoran en 355 millones de dólares en 2010 y representan aproximadamente 2,130 puestos de trabajo en Estados Unidos.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (artículo 237) impone una limitación a los derechos comerciales de los programadores extranjeros al limitar el número de minutos de publicidad que se emiten por hora, al mismo tiempo que permite a todas las plataformas de medios insertar publicidad en un porcentaje diario.

“Esta estructura produce hasta el doble de tiempo de publicidad para la televisión nacional. Esta disposición desencadena un tratamiento desigual e inseguridad jurídica para los programadores extranjeros, cuyo beneficio se deriva de la misma fuente que los actores nacionales”, dijo la TAP.

Las dos emisoras nacionales controlan cerca del 90% de la emisión nacional y el 60% de la distribución de televisión de paga. Por lo tanto, concluyó, la ley restringe la capacidad de los programadores extranjeros para explotar sus bienes y ejercer libremente el comercio, sin que tal restricción tenga una justificación lógica o adecuada explícita o implícita.