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Estados Unidos apuesta por industrias de alto valor

18 diciembre, 2018
Industria

Más de un tercio del PIB de Estados Unidos se genera por industrias que hacen un uso intensivo de la propiedad intelectual.

Ante todo, Estados Unidos es uno de los principales productores y exportadores de bienes y servicios que llevan incorporada propiedad intelectual.

En 2016, los Estados Unidos acumulaban el 31% de los servicios comerciales mundiales que hacen un uso intensivo de conocimientos y de tecnología, es decir, los servicios a las empresas, los servicios financieros y los servicios informativos: ese año, las exportaciones estadounidenses de servicios facilitados por la tecnología de la información y las comunicaciones (excluidos los bienes digitales) ascendieron a 404.000 millones de dólares.

También Estados Unidos ha sido el principal fabricante mundial de productos manufacturados de alta tecnología, correspondiéndoles a lo largo del último decenio un porcentaje mundial del 31%, destacó un informe sobre ese país difundido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) este lunes.

Valor en industrias

En los últimos dos años, Estados Unidos ha seguido manteniendo el tradicional excedente en su balanza de pagos por operaciones comerciales relacionadas con la propiedad intelectual, como puede verse en el rubro correspondiente a los cargos por el uso de propiedad intelectual.

Durante 2017, los ingresos netos fueron de 79,500 millones de dólares, resultado de unos ingresos totales de 127,900 millones de dólares y unos pagos que llegaron a 48,400 millones de dólares.

Estados Unidos incorpora propiedad intelectual en 60% de sus exportaciones de mercancías.

En general, la Administración de Estados Unidos ha seguido atribuyendo la máxima prioridad en su política comercial a la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI), ya que la propiedad intelectual se considera fundamental para el crecimiento económico.

Los objetivos son reducir las mercancías falsificadas e infractoras presentes en las cadenas de suministro nacionales e internacionales, así como identificar los obstáculos injustificados a la observancia efectiva de las medidas contra la financiación, la producción, el tráfico o la venta de mercancías falsificadas o infractoras.

 

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