La Ley de Espionaje Económico de Estados Unidos establece multas para el espionaje económico de hasta 500,000 dólares por delito y penas de prisión de hasta 15 años para las personas físicas, y multas de hasta 10 millones de dólares para las organizaciones.

En el marco de su Ley de Espionaje Económico, se consideran delitos federales el espionaje económico por una potencia extranjera y el robo o apropiación indebida de un secreto comercial.

En cuanto al robo de secretos comerciales, las sanciones por quebrantamiento de la ley son penas de prisión de hasta 10 años para las personas físicas (no multas) y multas de hasta 5 millones de dólares para las organizaciones.

La cuantía de estas multas fue ampliada en 2013: para las personas físicas pasó de 500,000 dólares a 5 millones y para las organizaciones pasó de 10 millones de dólares a esos mismos 10 millones o tres veces el valor del secreto comercial robado a la organización afectada si esta cifra era mayor.

También en 2016 se modificaron las multas máximas, al promulgarse la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales. Esta Ley modificó la Ley de Espionaje Económico, de forma que las multas penales para las personas físicas sean de 5 millones de dólares o tres veces el valor del secreto comercial (incluidos los costos de reproducción que el titular del secreto comercial haya evitado), si esta cifra es mayor.

Espionaje económico

La Ley Uniforme de Secretos Comerciales, promulgada en 1979 y modificada en 1985, es una ley modelo de protección civil de los secretos comerciales redactada por la Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes Estatales Uniformes, cuyo objetivo es lograr que las leyes estatales que regulan los secretos comerciales sean uniformes. Asimismo, la Ley Uniforme de Secretos Comerciales no impide que los estados legislen sobre los secretos comerciales, su adopción por los estados no es obligatoria y, una vez que se adopta, puede modificarse por el estado que la haya adoptado.

La Ley Uniforme de Secretos Comerciales ha sido adoptada por 47 estados (las excepciones son Massachusetts, Nueva York y Carolina del Norte), el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Los estados que no han adoptado una versión de esta Ley protegen los secretos comerciales a través de leyes, a través del «common law» o a través de una combinación de ambos sistemas.