Estados Unidos informó que impulsará cambios para excluir a los tribunales internacionales vinculantes que resuelven controversias Inversionista-Estado de todos sus acuerdos comerciales, comenzando por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Esta posición fue manifestada en la quinta ronda de negociaciones del TLCAN que concluyó la semana pasada, informó una fuente que participó en la misma.

“En el Capítulo 11, Estados Unidos quiere salirse del modelo de posibles disputas inversionista-Estado”, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.

Un aspecto controvertido del TLCAN es el mecanismo de solución de diferencias inversionista-Estado, una forma de arbitraje que permite a los inversores privados buscar reclamaciones contra naciones por presuntas violaciones de las disposiciones de inversión en los acuerdos comerciales.

Este mecanismo está incluido en el TLCAN y casi todos los demás acuerdos comerciales de Estados Unidos. Los tribunales de arbitraje internacional se componen de tres abogados-árbitros: uno elegido por el inversor demandante, uno por el país acusado, y uno más por decisión mutua entre las dos partes.

En el TLCAN se han llevado a cabo 59 casos bajo el Capítulo 11. De los relacionados con Estados Unidos, este país ha logrado soluciones favorables en 10 como demandado; en tres llegó a acuerdos mutuos; uno fue suspendido; en ninguno ha tenido un fallo desfavorable, y dos quedan pendientes.

“Lo que está en discusión en estos planteamientos de Estados Unidos es que cuando ese país aplica una ley no dejaría que un tribunal internacional evaluara la manera que la aplicó”, agregó Guajardo.

A finales de octubre pasado, 230 profesores de economía y leyes pidieron al presidente estadounidense, Donald Trump, eliminar el sistema de arbitraje de Inversionista-Estado del TLCAN.

«Además del problema central de establecer un conjunto paralelo y privilegiado de derechos legales y recursos para los actores económicos extranjeros que operan aquí, los procedimientos de arbitraje internacional carecen de muchas de las protecciones y procedimientos básicos que normalmente están disponibles en un tribunal de justicia», escribieron los profesores en una carta que le enviaron.

Los partidarios del mecanismo, llamado en inglés ISDS, argumentan que es importante para eliminar las barreras a los inversores protegidos contra el trato discriminatorio; argumentan que los acuerdos comerciales no impiden a los gobiernos regular en el interés público, que los casos están limitados a sanciones monetarias, y que no puede obligar a los gobiernos a cambiar sus leyes o reglamentos.

Los críticos cuestionan que el ISDS se usa para restringir la capacidad de los gobiernos de regular en el interés público (por razones ambientales o de salud), lo que lleva a una «parálisis regulatoria», incluso si el resultado del ISDS no favorece a la empresa.

«La inclusión de ISDS en los acuerdos comerciales y de inversión de Estados Unidos deja de lado estas preocupaciones complejas y amenaza con diluir las protecciones constitucionales, debilitar el poder judicial y externalizar nuestro sistema jurídico interno a un sistema de arbitraje privado que está aislado de los controles esenciales y contrapesos», argumentaron los profesores.

Entre los firmantes de la carta, sobresalen el premio Nobel Joseph Stiglitz y el ex secretario de Trabajo, Robert Reich.