Estados Unidos subirá a partir de este viernes de 10 a 25% el arancel a importaciones de productos originarios de China con un valor anual de casi 200,000 millones de dólares.

Altos funcionarios de ambos países se reunieron el jueves, en Washington, DC, sin poder evitar la nueva escalada de tarifas, aunque todavía volverán a sostener negociaciones este viernes.

Si bien aparentemente las negociaciones entre ambas potencias estaban avanzado, el presidente Donald Trump dijo que el mayor arancel entrará en vigor porque China no respetó acuerdos tomados preliminarmente como parte del pacto final al que quieren llegar.

Inicialmente, el 3 y 4 de mayo de 2018, funcionarios de Estados Unidos y China sostuvieron conversaciones de alto nivel en Beijing. El lado de los Estados Unidos publicó un borrador del Marco de Discusión. Incluía llamadas para que China reduzca el desequilibrio comercial bilateral en 200,000 millones de dólares en dos años; abordar cada una de las cuatro prácticas identificadas en los hallazgos de la Sección 301; suspender los subsidios para la iniciativa Made in China 2025, y eliminar las restricciones a la inversión extranjera.

También la Administración del presidente Trump pidió hacer que los niveles arancelarios de China sean comparables a los aranceles de los Estados Unidos y eliminar ciertas barreras no arancelarias; mejorar el acceso a los mercados para los proveedores de servicios estadounidenses y los productos agrícolas; y acordar no oponerse, cuestionar ni tomar ninguna otra medida contra la acción de los Estados Unidos, incluso en la Organización Mundial de Comercio (OMC), si China no está a la altura de un acuerdo marco.

Importaciones y prácticas desleales

En marzo de 2018, la Representación de Comercio de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) dio a conocer los resultados de una investigación sobre las políticas de China relacionadas con la transferencia de tecnología, la propiedad intelectual y la innovación conforme a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Al final, la investigación identificó cuatro prácticas de China de particular interés: requisitos de transferencia de tecnología forzada; requisitos de licencia discriminatorios; inversiones dirigidas declaradas y adquisiciones de compañías estadounidenses para obtener tecnologías de vanguardia y propiedad intelectual (IP), y robo cibernético de secretos comerciales de Estados Unidos dirigido por el Estado de esa nación asiática.