La International Chamber of Commerce México (ICC México) criticó este jueves una nueva regulación sobre el despacho de hidrocarburos y minerales en México.
El gobierno de México publicó el pasado 11 de junio, en el Diario Oficial de la Federación, la Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, la cual dispuso, a partir del siguiente día, que la autorización para el despacho en Lugar Distinto al Autorizado (LDA) para las mercancías de petrolíferos, hidrocarburos, minerales y otros precursores químicos, sólo podrán tenerla las Empresas Productivas del Estado.
“(Esto es) en perjuicio de las empresas de la iniciativa privada”, dijo la ICC México.
A nivel global, la ICC cuenta con 130 Comités Nacionales en todo el mundo y somos organismo consultivo de la ONU, OMC, OCDE, G8, G20, Banco Mundial, Business Industry and Advisory Council (BIAC), Organización Internacional de Trabajo (OIT), y Organización Internacional de Empleadores (OIE).
En efecto, el gobierno federal de México modificó la regla correspondiente para establecer, que únicamente se podrá otorgar autorización para la entrada o salida de mercancías del país por lugar distinto al autorizado, o en su caso, prórroga, a las empresas productivas del Estado, sus organismos subsidiarios y empresas productivas subsidiarias, tratándose de las siguientes mercancías:
- Hidrocarburos, productos petrolíferos, incluso mezclados con otros componentes que no provengan del petróleo o gas natural, petroquímicos y sus especialidades, así como biocombustibles, incluyendo los listados en los Sectores 12 “Alcohol Etílico” y 13 “Hidrocarburos y Combustibles”, del Apartado A, del Anexo 10 y en el Anexo 14.
- Precursores químicos.
- Minerales.
ICC México
“Entendemos la preocupación del Gobierno Federal por el contrabando de combustibles, apoyamos los esfuerzos por terminar con tales prácticas que dañan los recursos de la Nación y coincidimos en la necesidad de fortalecer el marco legal aplicable a las instituciones y autoridades responsables de la supervisión del cumplimiento en esta materia, así como la colaboración interinstitucional”, dijo la ICC México.
Pero añadió que la nueva disposición tiene varias implicaciones:
– De forma inmediata, se perderá casi 30% de las operaciones que se realizan solamente por puertos.
– Tendrá un impacto in crescendo en la recaudación de impuestos para nuestro país desde el punto de vista de los importadores.
– Prácticamente, adquirirá un efecto expropiador porque la infraestructura para descarga de recintos fiscalizados que existe en los puertos es, en su mayoría, de propiedad privada.
– Representa un gran golpe económico no sólo por lo que ya existe y se va a perder, sino también por lo que se va a dejar de invertir.
– Es discriminatoria porque solamente las Empresas Productivas del Estado podrán tener dicha autorización.
– No sólo afecta a los privados que tienen la autorización para despachar en los LDA, sino a sus clientes y toda la cadena productiva, logística y de distribución en los sectores alimenticio, farmacéutico y otros, que resultará en un impacto significativo en la existencia de productos y en los precios para el consumidor final.
– Podría provocar desabasto de hidrocarburos y productos relacionados, ya que las propias Empresas Productivas del Estado dependen, en importante medida, de las importaciones de los particulares.
– En momentos de grave crisis económica, empleo y salarios, producto de la pandemia por Covid-19 o SARS-Cov2, impactará en millones de puestos de trabajo de las empresas que se verán afectadas por la reducción de sus operaciones.
– La norma es contraria a los fundamentos por los que México se integró a tratados internacionales de libre comercio, entre ellos, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero también el Acuerdo de Cooperación Económica con la Unión Europea y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés).
