El 28 de enero de 2019, la Administración del presidente Donald Trump impuso sanciones a la compañía petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), que se suma a las sanciones existentes en Venezuela.

El Departamento del Tesoro determinó que las personas (por ejemplo, individuos y compañías) que operan en el sector petrolero de Venezuela están sujetas a sanciones para aplicar presión económica sobre el gobierno de Nicolás Maduro y “facilitar una transición a la democracia”.

Posteriormente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Tesoro agregó PdVSA, incluidas todas las entidades en las que PdVSA tiene una posición de propiedad del 50% o más, a su lista de Nacionales Específicamente Designados.

Esta designación bloquea los activos de PdVSA en Estados Unidos y prohíbe a la empresa tratar con personas de Estados Unidos. Estas sanciones afectarán varias áreas en las que las empresas estadounidenses tienen intereses comerciales (por ejemplo, deuda/transacciones financieras y servicios de yacimientos petrolíferos) y terminarán de manera efectiva el comercio de petróleo de Estados Unidos-Venezuela (petróleo crudo y productos derivados del petróleo).

Los posibles impactos económicos de estas sanciones en Venezuela podrían ser significativos, de acuerdo con un análisis del Congreso estadounidense.

Sanciones y efectos

Prohibir el comercio de petróleo y las transacciones financieras relacionadas entre los Estados Unidos y PDVSA creará una restricción dentro del sistema de logística global de petróleo que resultará en ajustes a los flujos comerciales globales.

Las sanciones del sector petrolero no impiden explícitamente que las entidades que no pertenecen a los Estados Unidos compren petróleo crudo o suministren productos petrolíferos a Venezuela. Sin embargo, las Preguntas frecuentes (No. 657) emitidas por la OFAC indican que las compras de petróleo realizadas por entidades no estadounidenses que involucran «cualquier otro nexo estadounidense (por ejemplo, transacciones que involucren al sistema financiero de Estados Unidos o corredores de productos básicos de Estados Unidos)» están prohibidas después de un período de 90 días.

PdVSA deberá asegurar compradores alternativos para los volúmenes de petróleo crudo y productos derivados del petróleo que de otra manera se entregarían a las refinerías de Estados Unidos, así como a los proveedores alternativos para diluyentes previamente adquiridos en Estados Unidos.

Por otro lado, las refinerías estadounidenses deberán identificar proveedores alternativos de petróleo crudo y los exportadores estadounidenses de petróleo tendrán que ubicar a otros compradores de productos derivados del petróleo que podrían haber sido destinados a Venezuela.

Según el análisis, es probable que los niveles de precios de los productos petrolíferos afectados también cambien como un medio para facilitar rutas comerciales alternativas (por ejemplo, los refinadores de Estados Unidos pueden tener que incurrir en primas de precios para atraer crudos sustitutos y PdVSA puede tener que aceptar descuentos en los precios para atraer compradores alternativos).

Los ajustes del flujo comercial podrían influir potencialmente en la magnitud de los impactos de los precios.