El gobierno de Estados Unidos destacó que mantendrá la supervisión de la última etapa de implementación del nuevo sistema de justicia laboral de México.
Una descripción de esta acción se incluyó en un reciente informe de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés).
El T-MEC incluye un Anexo del Capítulo Laboral que requiere que México revise su sistema de justicia laboral para garantizar que los trabajadores tengan derecho a votos secretos para elegir y desafiar el liderazgo sindical y aprobar o rechazar convenios colectivos nuevos y existentes.
México promulgó estas reformas a la ley laboral en 2019 e instituyó un enfoque por etapas para iniciar la operación de un nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y tribunales laborales en todo el país.
La primera fase de implementación comenzó en 2020, con ocho estados mexicanos, con una transición de asuntos de justicia laboral a las nuevas instituciones.
En 2021, durante una segunda fase, otros 13 estados mexicanos hicieron la transición a las nuevas instituciones.
La tercera fase, durante la cual los 11 estados restantes emprenderán la transición, está programada para 2022.
A lo largo de 2021, el gobierno de Estados Unidos continuó consultando de cerca con el gobierno mexicano sobre la implementación de las reformas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de México en virtud del T-MEC, incluso a través del Comité Laboral Interinstitucional de Seguimiento y Fiscalización (Comité Laboral Interinstitucional).
Justicia laboral
El Comité Laboral Interinstitucional, copresidido por el Representante de Comercio de los Estados Unidos y el Secretario del Trabajo, se estableció en abril de 2020 y se reunió periódicamente en 2021 para revisar cuestiones de derechos laborales en México y preparar informes para el Congreso de los Estados Unidos.
La Ley de Implementación del T-MEC asigna 30 millones de dólares durante cuatro años para que la USTR apoye el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones laborales, incluso a través del Comité Laboral Interinstitucional.
Estos recursos respaldaron la contratación de tres empleados adicionales en la Oficina de Asuntos Laborales de la USTR durante 2021 y la designación de un total de cinco abogados para cubrir los asuntos laborales del T-MEC en la Oficina del Asesor Jurídico.
Además, la USTR seleccionó a un Representante Comercial Principal de los Estados Unidos en México, un nuevo cargo destinado a apoyar la coordinación de los asuntos laborales y ambientales del T-MEC en México, así como otros asuntos de implementación del T-MEC.
El funcionario trabaja en estrecha colaboración con los Agregados Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y el Consejero Laboral del Departamento de Estado.
Presupuesto
El Congreso estadounidense incluyó 180 millones de dólares durante cuatro años en la legislación de implementación del T-MEC para proyectos de asistencia técnica relacionados con el acuerdo y 30 millones de dólares para pagar a los agregados laborales y otro personal para monitorear el cumplimiento de México en el marco del T-MEC.
Las metas de la asistencia reciente han sido garantizar el cumplimiento de las leyes laborales mexicanas y los derechos legítimos de negociación colectiva; aumentar las medidas para mitigar el Covid-19 entre los trabajadores; y abordar el trabajo infantil y el trabajo forzoso en las cadenas de suministro de México, incluso en la agricultura.
A mediados de diciembre de 2020, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos anunció dos nuevas subvenciones, por un total de 20 millones de dólares, que ayudarán a México a cumplir con sus obligaciones laborales en virtud del T-MEC.
Las subvenciones anunciadas elevan el total comprometido para este propósito por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) a casi 50 millones de dólares.
