La representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, envió tres listas de preguntas al gobierno de México sobre políticas energéticas mexicanas.

Inicialmente, Tai entregó dos de esas listas, pero varias de las preguntas no fueron contestadas o se respondieron parcialmente.

Al tiempo que hubo inconformidad por parte del gobierno estadounidense, en México renunció Tatiana Clouthier como Secretaria de Economía a mediados de octubre y fue sustituida por Raquel Buenrostro.

Luego en un primer encuentro virtual entre Tai y Buenrostro, “la primera preocupación” que planteó la primera de ellas a la segunda fue la deficiencia de las respuestas a las dos listas de preguntas.

“Resultaba que en Economía no se pedía toda la información al sector energético, porque a veces se quieren dar respuestas estrictamente de carácter jurídico; esto no es un tema jurídico, finalmente son acuerdos comerciales donde tenemos que llegar a buen puerto”, dijo Buenrostro en una comparecencia en el Senado de México.

Buenrostro agregó que se retomó toda la coordinación al interior del Poder Ejecutivo, con todas las áreas del sector energético, y se acordó tener que revisar nuevamente esta situación en particular y que los estadounidenses hicieran llegar nuevamente las dos listas que habían sido resueltas de manera incompleta o no atendidas, para volverlas a responder, y además Tai mandó una tercera lista.

“Hay voluntad de todas las partes para llegar a un acuerdo; además de las consultas, se establecieron varios grupos de trabajo por los temas en los que hubiera duda”, dijo Buenrostro.

Katherine Tai

El sector energético está regulado por la Constitución (artículos 25, 27 y 28) y varias leyes promulgadas en 2014: la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y la Ley de la Industria Eléctrica; así como por la Ley de Transición Energética de 2015.

Desde el último examen realizado en 2017, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica han sido reformadas para que las Empresas Productivas del Estado (EPE), es decir, Pemex y la CFE, tengan una mayor participación en el mercado.

El propósito de la política energética desde 2017 ha sido revertir la reforma iniciada en 2013, en virtud de la cual se liberalizó el sector permitiendo la competencia.

El objetivo del Gobierno es «rescatar» al sector para que este pueda promover el desarrollo socioeconómico del país.

Se pretende que las EPE vuelvan a ser los operadores preponderantes, para que se conviertan en «la palanca del desarrollo» y contribuyan a los objetivos de autosuficiencia, acceso, suministro y transición energéticos.

En septiembre de 2021, se presentó un proyecto de reforma constitucional en el ámbito de la electricidad que, de aprobarse, fortalecería aún más el papel del Estado y de la CFE en el sector eléctrico, ya que limitaría las operaciones de los entes privados.

Pero la nueva ya aprobada la nueva Ley de Energía está ahora suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.